Por primera vez en la historia del país, y como un gravísimo precedente  que podría dejar en la quiebra a personas naturales y jurídicas,  e  incluso establecer por esta vía la Ley del Bozal contra los medios de comunicación, un juez castigó al concejal Luciano García por el delito de injurias y calumnias a pagar 800 mil córdobas, lo que constituye una clara multa confiscatoria, de acuerdo con expertos consultados.

El judicial sacrificó el Derecho por una consigna política que, al ejecutarse, se convierte en un claro mensaje a la sociedad de que ya no puede siquiera solicitar una simple investigación cuando haya dudas de cómo se ocupa el erario, como es el caso del concejal conservador.

Juristas alarmados
Expertos juristas se mostraron alarmados por la decisión del juez Tercero Local Penal de Audiencias, Ernesto Rodríguez, quien pasó a la historia como un hombre que superó al mismísimo Señor de Masaya, Cornelio Hüeck, que antes de ser desechado por Anastasio Somoza, era el fiel ejecutor de las tropelías del tirano contra el periodismo independiente. Ni siquiera Hüeck, en lo más crudo de la dictadura de la Estirpe Sangrienta se atrevió a tanto, y quién sabe qué diría de este “aventajado” discípulo, si acaso no se sentiría horrorizado de cómo, por ejemplo, es que llega a la conclusión de imponerle casi un millón de córdobas de pena.

Los expertos concuerdan en que este resultado es una “sentencia de ley del bozal”, y que el juez está dando más de lo que debía, lo que deja muy claro que en Nicaragua no hay transparencia ni justicia, y que cualquier falta por injurias y calumnias contra el gobierno o los funcionarios conllevará a un proceso viciado y a una condena exagerada. Es un mensaje de miedo, de amedrentar a los ciudadanos honestos del país, para que se vean en la persona de Luciano García, y qué es lo que puede sucederles, porque tampoco el resultado de semejante multa confiscatoria tiene ni pies ni cabeza, indicaron.

Hace un poco más de dos meses, el concejal García denunció públicamente al secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, por situaciones anómalas en la comuna, como fue la sustracción de 3.5 millones de córdobas a través de 31 de 157 cheques que salieron de la municipalidad con su firma.

Moreno acusó a García, quien fue llevado a juicio en medio de un proceso politizado, ya que el juez demostraba su inclinación hacia la parte acusadora, mediante la desestimación de pruebas y de testigos de la defensa del concejal.

A pesar de los múltiples recursos que interpuso la abogada del concejal, Helga Asher, todo era rebotado, y ayer la parcialización del juez Rodríguez quedó en evidencia, al condenar a García con una multa de 800 mil córdobas, 400 mil por cada falta cometida, y con unos cálculos tan atroces que hasta se atrevió a calcular cuánto gastaba el concejal para mantener a su esposa y a sus tres hijos.

Lo que dice el CP
El artículo 64 del Código Penal establece que los días multas serán calculados con base en una tercera parte del salario devengado diariamente, y si no se puede determinar este ingreso se calculará con base en el salario mínimo industrial.

En el caso de García, el juez buscó la cifra más alta. El concejal recibió una condena de 300 días multas, calculado con base en 40 mil córdobas que es su salario mensual, ya con el 40% deducido para la manutención de sus tres hijos y esposa.

El juez se saltó procedimientos, y simplemente acomodó la regla a su manera, para que el total a pagar de García por cada una de las faltas sea de 400 mil córdobas, asimismo, le indicó que tiene que pagar la retractación en un medio escrito con el mismo espacio y despliegue que la publicación en la que según él, “injurió y calumnió” a Moreno.

“Considero este hecho grave pues lesionó los bienes jurídicos y el honor de Fidel Moreno, además, lo hizo por publicidad en un artículo”, señaló el juez al leer la sentencia.

Mientras tanto Asher, defensora de García, precisó que apelará de la sentencia del juez, quien “actuó con fines políticos; solo se basa en el artículo 64 del Código Penal (penas de días multas), pero no supo explicar cómo le dio esa cantidad, cómo va a pagar mi defendido algo que supera su salario”.

Amenazado con cárcel
García, por su parte, dijo que no se retractará, pues cada una de las aseveraciones que hizo son ciertas, y que hasta el último momento agotará los recursos. El juez, molesto, señaló que si no cumple su pena será llevado preso.

Por su parte, con una sonrisa, Moreno señaló que “hemos tratado de construir a través de este proceso un estado de derecho que se ajuste a lo que la población demanda y exige. Creo que todos estamos obligados a respetar la ley, y haciendo uso de mi derecho denuncié, y las acusaciones que se me hicieron no fueron demostradas en este proceso. Estoy satisfecho”.

Condena es una “sentencia del bozal”
El doctor Óscar Castillo, especialista en Derecho Constitucional y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica, Upoli, respecto al fallo del juez precisó que es una mala señal, una advertencia a tener cuidado al denunciar.

“Esta sentencia puede ir induciendo una determinada conducta a los jueces en casos de este tipo, incluso para bajar a medios de comunicación como que vendría a ser una sentencia del bozal, quedarse callado; es grave, es un precedente negativo de conducta de otos jueces en la materia, por un lado, de aplicar esa extrapetitividad en el caso de Luciano, y, por otro lado, puede ser una advertencia para que desistamos de hablar, de hacer una denuncia”, explicó.

Álvarez: “Sistema judicial… de persecución política”
Por su parte, el constitucionalista Gabriel Álvarez calificó de una “infamia y una canallada” la condena del juez Rodríguez. “Sigo insistiendo en que el Poder Judicial en general es como lo han dicho los propios magistrados de la CSJ: un instrumento de persecución política”.

El experto señaló que cada vez es más evidente el nivel de deterioro profundo del Poder Judicial, “y esto pretende ser una mordaza para todo el pueblo de Nicaragua, pretende ser un escarmiento para toda la ciudadanía, pero a pesar de todo, tiene un lado positivo, ya que cada vez es más difícil sostener un mínimo de racionalidad jurídica y ética del Poder Judicial, y eso debe contribuir a que una vez la gente se pronuncie y pida la reconstrucción de esta dependencia”.

También indicó que en el país hay un derecho consagrado de denunciar a los funcionarios públicos, y que la denuncia interpuesta por García es un hecho racional, concluyó Álvarez.