La primera comisionada Aminta Granera es cómplice de la violación que hizo el presidente Daniel Ortega a la Ley 228, de la Policía Nacional, y se convirtió en una funcionaria de facto, afirmó Roberto Cajina, experto en temas militares, mientras el comisionado general Javier Meynard, Subdirector de la institución, expresó ayer que no cuestionarían las disposiciones del mandatario.

“Evidentemente, Aminta sabía lo que el Presidente le iba a decir, y sabía, además, lo que eso significaba y lo que iba a pasar el 5 de septiembre… si ella hubiera rechazado la propuesta presidencial, hubiera sido la respuesta más sabia, más recta y más democrática. Sin embargo, la Primera Comisionada optó por convertirse en el funcionario de facto número 26”, cuestionó Cajina.  

El comisionado general Javier Meynard, Subdirector de la Policía, evitó pronunciarse sobre la necesidad y legalidad de haber reformado la Ley 228 para formalizar la permanencia de Granera en el cargo. Solo se limitó a responder que “nosotros no comentamos en este caso las decisiones del Presidente de la República”, mientras participaba en el ascenso en grado de mil 568 oficiales en las instalaciones de Plaza El Sol.
 
Aminta y Daniel, únicos
El nombramiento de Granera fue aceptado por algunos sectores y criticado por otros. Los argumentos usados por el presidente Ortega, en su decreto, fueron el buen trabajo realizado por la jefa policial y la experiencia acumulada de los mandos.

Otros funcionarios de facto del país han dicho que mantener a Aminta en el puesto genera estabilidad en este período de elecciones.

“¿Por qué la estabilidad del país va a depender de una persona? Eso depende de una institución que en este caso es la Policía, no depende de quién la conduzca, y la pregunta es: ¿Hay gente capaz en la Policía para conducirla después de Aminta?”, reflexionó el experto en temas militares.

Policía confundida
La acumulación de 12 nuevos comisionados generales en la Policía ha generado confusión en la institución, ya que no se precisa si estos jefes son subdirectores de la misma.

“Ese es un asunto que en la Policía estamos viendo cómo se va a organizar, pero se ajustan exclusivamente al decreto, y son jefes de sus especialidades como tal”, dijo Meynard.

La ahora comisionada general Glenda Zavala, jefa de la Dirección de Auxilio Judicial, tampoco aclaró que si con su nuevo grado pasa a ser Subdirectora de la Policía y si obtendrá mayores ingresos económicos. Se limitó a decir que “(ahora hay) más trabajo, más responsabilidad, más compromiso con el pueblo”.

Pero el decreto presidencial no detalló el nuevo período en que Granera fungirá como jefa de la Policía.
“(Aminta) sabe que puede caer perfectamente en la trampa de si en un mes, seis meses, un año Ortega la retira… salvo que haya un arreglo, como dicen los abogados, ‘en letra pequeña’”, expresó Cajina.

Cosep ahora estudia decreto
En declaraciones anteriores, José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, afirmó que había más opiniones positivas que negativas de especialistas sobre que no observaban una ilegalidad en la permanencia de Granera, pero ayer cambió la versión y dijo que analizarán el decreto de Ortega.

“No vamos a emitir opinión sobre esta situación hasta que no tengamos la revisión correcta del decreto, de lo que se ha establecido en el mismo, pero insisto: tenemos que ver lo que se ha hecho de parte de la Policía, que ha sido una labor reconocida por moros y cristianos, y esperamos que ese siga siendo el trabajo de la institución”, aseveró.

(Con la colaboración de Ricardo Guerrero)