21 de septiembre de 2011 | 00:00:00


Afirma que tienen abierta investigación

Policía niega negligencia en amenazas a Silvia


“Ella quedó de pasar algunas cosas de los mensajes de texto, se le solicitó por escrito y no lo hizo”, señalan autoridades

Por Carlos Larios | País

Policía niega negligencia en amenazas a Silvia
Comisionado Fernando Borge
Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Archivo / END


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El comisionado mayor Fernando Borge, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que no se explica las razones por las cuales Silvia González, excorresponsal de EL NUEVO DIARIO en Jinotega, decidió irse del país, ya que su denuncia por amenazas de muerte fue investigada.

No obstante, el caso se suma a la lista de expedientes sin resolver, porque no hay ningún detenido y no se determinó quiénes realizaron las llamadas telefónicas y enviaron los mensajes amenazantes.

González se vio obligada a renunciar al periódico y a abandonar su patria, tras las continuas amenazas recibidas contra su vida y su familia desde el 30 de julio de este año.

La periodista aseguró que nunca obtuvo una respuesta positiva por parte de la Policía, y que nunca fue llamada por el oficial que tenía a cargo su denuncia, por lo que fue personalmente en dos ocasiones a la delegación policial de Jinotega, pero en ninguna de ellas la atendieron. Las autoridades policiales solo retuvieron momentáneamente a Hamilton Altamirano, alias “El Pajarito”, un conocido miembro del partido de gobierno, que amenazó verbalmente a la hija de la reportera cuando la encontró en una disco.  Luego Altamirano fue liberado, apareció de la nada una segunda declaración de la hija de la periodista en el expediente policial, y cambiaron la tipificación de amenazas de muerte a asedio.

“Ella quedó de pasar algunas cosas de los mensajes de texto, se le solicitó por escrito y no lo hizo. Quiero decirles que la Policía de Jinotega estuvo en todo momento atenta a cada una de las diligencias de investigación relacionadas a este caso. Les estuvimos informando a ella y a su familia sobre las acciones y resultados… no podemos sobredimensionar el caso, porque hay suficientes elementos que muestran que la Policía actuó diligentemente”, aseveró Borge.

No dieron protección personal
En agosto pasado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, enviaron una carta a la primera comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía Nacional, solicitado resguardo policial personal para González y su familia, pero no hubo respuesta.

“La Policía desde el primer momento que se conoció la denuncia de la periodista brindó la debida protección mediante el sistema de vigilancia policial, se mantuvo una comunicación con ella… creo que la Policía ha cumplido debidamente lo que le corresponde, y creemos que las circunstancias que han rodeado este caso están bien aclaradas, y que la debida seguridad que ameritaba la periodista, le fue dada en cada uno de sus momentos”, dijo el jefe policial.

El comisionado mayor Borge aseguró que la Policía sigue anuente a recibir cualquier pista o elemento de convicción que ayude a las investigaciones del caso.

Otras amenazas no fueron resueltas
El pasado 19 de febrero de este año, Luis Galeano, actual jefe de información de END, recibió amenazas de muerte vía correo electrónico y llamadas telefónicas, cuando se disponía a publicar junto al periodista José Adán Silva, una investigación sobre una millonaria malversación en el Consejo Supremo Electoral.

Galeano interpuso la denuncia y facilitó los insumos necesarios a la Policía, pero fue hasta el pasado 29 de junio que, ante la insistencia de este medio de comunicación, las autoridades se pronunciaron sobre los resultados de la investigación.

Ayer que le consultamos una vez más al comisionado mayor Borge, se limitó a decir que “recuerdo que al mismo NUEVO DIARIO le dimos resultados de ese caso, la comisionada general Glenda Zavala les informó de las diligencias que se habían realizado”.    Los avances que obtuvo la Policía en ese momento fueron que habían identificado al propietario del celular desde donde fue llamado el reportero y que este habita en Masaya, pero que ya había vendido el aparato a otra persona que desconocía.

Pero las autoridades policiales no dieron a conocer el nombre de esta persona y tampoco a qué se dedica. Otra vez, no hubo detenidos y no se determinó quién amenaza impunemente.


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