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Félix José Palacios Bragg tiene el rango de teniente coronel del Ejército de Nicaragua, pero también es abogado y notario. Actualmente es director jurídico del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

En la entrevista realizada el viernes 2 de noviembre en las oficinas de prensa del Ejército, el militar --vestido de civil--, aceptó que en el proyecto Residencial Vista Verde participaron inicialmente empresas como Obrinsa, e Innicsa, ligadas al IPSM.

También aseguró que al momento que empezaron las obras de construcción del residencial, entre abril y mayo de 2006, Inversiones Guardabarranco ya había adquirido legalmente el terreno en disputa.

Un pre-contrato que no encontró

END le demostró lo contrario en base a datos del Registro de la Propiedad, y recurrió a la existencia de un acuerdo “pre-contractual”, del cual no pudo facilitar una copia.

“Lo que pasa es que aquí, en el ámbito de las empresas constructoras, por lo general siempre se comienzan a hacer los trabajos aunque no se haya terminado de legalizar”, dijo.

¿Por qué tienen la certeza de que la propiedad pasaría efectivamente a manos de Monteverde?

Existe en Derecho lo que se llaman relaciones pre-contractuales, que causan y generan obligaciones. Son acuerdos que llevan ambas partes, aunque no se haya finiquitado ni se haya perfeccionado una compraventa, que implican movimiento. ¿Por qué se comenzó a trabajar? Porque las partes que compraron el terreno ya habían comenzado a desembolsarle plata a los antiguos dueños (cooperativa).

¿Y no es demasiado riesgo?

No, porque esa es una práctica… La buena fe prima en los negocios. Si usted va a estar esperando hasta dentro de un año que le firmen una escritura, usted comienza a hacer sus trámites, porque usted ya le desembolsó plata, ya le recibió.

Le ejemplifico: usted va a comprar una casa, va a firmar un contrato. Sin embargo usted ya dio un adelanto y usted la ocupa aunque no haya firmado el contrato, pero ya hubo un contrato verbal. Entonces, ocupó el inmueble, pero hasta después del mes que ya está allí firmaron el contrato.

¿Tiene algún documento que nos demuestre esa relación pre-contractual?

Esos documentos tendrían que pedírselos directamente a la sociedad Guardabarranco y Monte Verde, entiendo yo que el licenciado Reynaldo Fernández se las puede suministrar.

El título de reforma agraria se extiende supuestamente en 1985 a favor de la cooperativa, pero se publica en La Gaceta hasta en 1990, y se inscribe hasta 2005 en el Registro. ¿Cómo se explica esto?

Porque los primeros títulos que se les entregaron muchos ni siquiera los inscribieron, y ese era un problema normal de los registradores aquí en Nicaragua. Es que es un problema propio de la cooperativa. Ustedes saben que la cooperativa llevaba sus asuntos legales, de una forma desordenada por sus propias características.

¿Cómo se explica que no haya un documento de solvencia a favor de la cooperativa de parte del Ministerio de Hacienda, en este caso de la Oficina de Cuantificación e Indemnizaciones?

Simple y sencillamente porque los títulos que fueron otorgados en el año 1985 no se someten al proceso de revisión administrativa que estableció la Ley 91, donde establecía el requisito de la solvencia. Esos títulos otorgados en los años 80 no requerían de solvencia. Así lo establece la actual Ley 278, Ley sobre la Propiedad…

¿Usted elaboró los contratos para la administración de la construcción entre Demovesa e Innicsa-D123, y el contrato para la construcción entre Demovesa y Obrinsa?

Únicamente para la creación de un consorcio entre Innicsa y Desarrollos 123, que es la que iba a desarrollar el proyecto. Nada más. Los otros contratos fueron mediante otros asesores legales de la empresa Guardabarranco.

Tenemos copia de los contratos, donde aparecen su firma y su sello, y donde dice “pasó ante mí”.

Sí, así es. Es correcto. Los contratos de construcción y de administración de construcción. En la construcción yo revisé los contratos y como notario di fe de la suscripción del mismo.

Firmó con consorcio que no existía

El contrato con Innicsa-D123 está fechado el 25 de abril de 2006; y el contrato con Obrinsa es del 6 de mayo de 2006. Pero legalmente el consorcio Innicsa-D123 se constituyó hasta el 8 de mayo de 2006. ¿Cómo se explica la firma de los contratos si una de las partes, el consorcio, ni siquiera se había constituido?

Sí, es probable que en el marco de las negociaciones se haya hecho esa asociación momentánea como una figura de hecho para avanzar en el proyecto, fundamentalmente. Es decir, estaba en proceso la creación del proyecto, y fueron trabajos que se realizaron de forma paralela.

¿No es más bien irregularidad legal?

Sí. Pudo haber sido a lo mejor algún error de fecha en el momento en que se suscribió el contrato. Lo que pasa es que ya existía un acuerdo privado entre la sociedad Innicsa y Desarrollos 123.

¿Tiene un documento que lo confirme?

Eso no lo tengo a mano ahorita.

¿Y en los próximos días?

Podríamos buscarlo para ver si lo tenemos a mano.

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