El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, a través de un comunicado, argumentó su rechazo a la intervención y jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, sobre una demanda interpuesta ante ese organismo regional, sobre daños ecológicos y ambientales ocasionados en la construcción de una carretera de 160 km en suelo tico, paralelo al nicaragüense Río San Juan.

El pasado 11 de enero, el magistrado Francisco Darío Lobo, Presidente de la CCJ, emplazó públicamente al gobierno costarricense a presentar pruebas sobre la presunta parcialización de la CCJ en contra de Costa Rica y a favor de Nicaragua. La Cancillería de Costa Rica intentó responder al mismo a través del comunicado público.

Los cinco elementos de pruebas que aporta el comunicado son: aceptar  una demanda sin tener competencia, el presidente sale a ofertar sus servicios, morbosa maniobra, el presidente adelanta criterio, y una inconcebible hostilidad hacia Costa Rica.

Primera. Aceptar una demanda sin tener competencia. Costa Rica llama la atención sobre el irregular y arbitrario hecho de que la Corte haya aceptado la demanda interpuesta por supuestos grupos ambientalistas en contra del país, a sabiendas de que, desde 2009, Costa Rica expresamente había indicado, con el debido respaldo jurídico, y en aplicación de una decisión soberana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de 1995, que no acepta ni la jurisdicción ni las competencias de la CCJ. Haber aceptado este caso, e intentar imponerse a la fuerza sobre la voluntad soberana de un país, denota un afán de persecución y hostilidad que, además, lesiona las normas del Derecho Internacional y causa un grave daño a la institucionalidad centroamericana.

Segunda. El Presidente sale a ofertar sus servicios. Es altamente irregular que el Presidente de la CCJ haya ofrecido públicamente a Nicaragua, por medio de la prensa, los servicios de este tribunal para conocer del caso por supuesto daño ambiental, varios días antes de su presentación. Ningún tribunal en el mundo acostumbra mercadear sus servicios ni  inducir a la presentación o fabricación de casos Tercera. Morbosa maniobra.

Por otra parte, es notorio el interés por la espectacularidad pública que la CCJ intentó montar, a expensas de Costa Rica, cuando su representante se hizo acompañar por un amplio despliegue de la prensa nicaragüense al supuesto “acto de notificación” del caso por medio de la Embajada costarricense en Managua, una morbosa maniobra  a la que Costa Rica no se prestó.

Cuarta. El Presidente adelanta criterio. Asimismo, Costa Rica señala la gravedad del hecho de que el Presidente de la CCJ haya adelantado criterio al insinuar que podría existir daño ambiental a Nicaragua. Estas declaraciones las dio el presidente de la CCJ, aun antes de la anunciada visita al río San Juan para verificar la supuesta realidad de los hechos. También ha expresado parcialidad al adelantar que la CCJ podría imponer medidas cautelares a Costa Rica.

Quinta. Una inconcebible hostilidad hacia Costa Rica. Por último, todas las declaraciones públicas del presidente de la CCJ justificando sus actuaciones frente a Costa Rica en relación con este asunto --incluyendo el absurdo emplazamiento hecho al Canciller de Costa Rica-- son prueba de la hostilidad que mueve al Presidente de la CCJ en contra de Costa Rica y de su parcialidad a favor de Nicaragua.

El comunicado concluye dando a conocer que Costa Rica y su Ministro de Relaciones Exteriores dan por concluido este asunto, pues “no es de nuestro interés continuar este tipo de debates estériles. La posición de Costa Rica es clara, y reitera que cualquier actuación futura de la CCJ en relación con este tema es nula, es inaplicable y es ineficaz”.