Las sospechas de que la Policía Nacional en Somoto podría haber ocultado evidencias en contra del secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, uno de los acusados de la masacre de tres campesinos en la comarca El Carrizo, surgieron en el desarrollo del tercer día del juicio oral y público que se celebra en esta cabecera departamental.

El incidente se produjo cuando el perito de Química del Laboratorio de Criminalística había agotado la exposición de la prueba número 8.

Sorprendido, el perito manifestó ante el juez técnico Erick Laguna Averruz: “Me hace falta una (prueba), la número 9”. Y comenzó un intenso movimiento de manos para buscarla entre los documentos del expediente, pero no la encontró.

El fiscal del Ministerio Público, Nelson López Rivera, hizo una rápida revisión de los documentos, y para su sorpresa la número 9 corresponde a la prueba de parafina que se le practicó al secretario político del FSLN, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, tras los sucesos sangrientos del pasado 8 de noviembre, cuando fueron muertos con saña tres campesinos identificados como simpatizantes del Partido Liberal Independiente, PLI. El propio fiscal dijo que antes de que se iniciara el juicio, verificó en la Oficina de Custodia de Evidencias de la Policía, la existencia de la prueba número 9.

Las sospechas recayeron en dos mujeres policías, una de ellas de nombre Alejandra, encargadas de llevar las evidencias a la sala de cine de la Alcaldía de Somoto, donde se realiza el juicio.

Alejandra titubeó, tratando de justificar su inexistencia, “no está, no está esa prueba”, y después añadió que tal vez se le había olvidado en la oficina.

Para allanar el agrio impasse en el juicio oral que “sudorizó” las manos de los oficiales presentes, el juez facilitó a la oficial un lapso de 15 minutos para que fuera al cuartel policial a traerla.

Pero la oficial de Policía no necesitó los 15 minutos concedidos por el juez, porque luego reapareció para decir que tal documento no estaba en la oficina, lo cual intensificó el nerviosismo en el auditorio de 98 butacas. El fiscal López Rivera insistía que el documento era clave entre las pruebas acusatorias.

Reaparece como por arte de magia

Seguidamente dijo “que sí, que está la prueba”. Para salirse del rubor, ella relató que se le había caído en el trayecto, que su asistente se la había recogido y no le avisó. Sin embargo, cabe indicar que su asistente no se movió del recinto mientras su jefa fue al comando policial. Al final entregó la prueba número 9, extrañamente doblada en varias partes.

El documento leído por el perito policial demuestra que el secretario político del FSLN había disparado un arma de fuego, calibre 38, y que por consiguiente se le había encontrado en sus manos sustancias de nitrato.
El Fiscal solicitó que el incidente constara en acta y que se hiciera del conocimiento del jefe policial en Madriz, comisionado mayor José López Olmus, el mal proceder de las oficiales.

Es delito

Según la doctora Vilma Núñez, Directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, quien llegó a esta ciudad para observar el juicio, el actuar de las dos oficiales de la Policía de Madriz será denunciado ante Asuntos Internos de la Policía Nacional, para que investiguen ese incidente.

“De ninguna manera se puede pensar que fue un olvido, que fue un descuido, nada. Fue una cuestión que se dio perfectamente premeditada e inducida, quien sabe por quién de la Policía, para que estas mujeres actuaran de esta forma. El ocultamiento de pruebas no es siquiera una falta. Es un delito”, concluyó Núñez.

Asesinados no tenían partida de nacimiento

Otro elemento que surgió en el juicio sobre el caso de El Carrizo, es que tanto don José Mercedes Pérez, de 67 años, y sus hijos: Elmer Lojorio, de 52, y Josué Sael Tórrez Cruz, de 22, hasta el momento en que fueron asesinados ni siquiera estaban inscritos en los libros del Registro Civil de las Personas de la Alcaldía de San José de Cusmapa.

Para tener una constancia de defunción de los tres campesinos ultimados, fue un oficial de la Policía el que hizo un doble trámite en la Alcaldía de Cusmapa. Inscribió su nacimiento y a la vez la defunción, todo, en un acto realizado el 9 de noviembre, un día después que los mataran.

El fiscal López Rivera incorporó copia de la “sábana” del libro de Registro Civil de las Personas, extendido por el Consejo Supremo Electoral, acto que fue objetado por los abogados defensores de los seis acusados.

“Esa gente (los muertos) no tenía ni partida de nacimiento ni cédulas. Entonces, queda demostrado en el expediente que la razón de su protesta (ante las oficinas del CSE en Cusmapa), era más que justa”, señaló Núñez.
Añadió que ese hecho también contradice las diferentes versiones que brindaron magistrados del CSE y de algunos partidos políticos, “cuando decían que toda esa gente que protestaba era de puro gusto, porque ya tenían cédulas”.

Los procesados por los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y leves son: Eusebio Cruz Montenegro, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda; los policías voluntarios Pablo Alvarado Espinoza y Martín Ramírez Izaguirre; Mauricio José Díaz Jiménez, policía activo, y el subcomisionado Elvin de Jesús López, exjefe policial en Cusmapa, y acusado del delito de “cooperación necesaria”. 

A Herrera Zepeda también le imputan el delito de “tenencia ilegal de armas”. Ayer leyeron la constancia en el juicio donde se hace ver que el político del FSLN no contaba con licencia de portación de armas ni la tenía en trámite en la Policía.

Por otro lado, el comisionado Sergio Tórrez, segundo jefe policial en Madriz, prohibió a este corresponsal de EL NUEVO DIARIO tomarle fotografías a la doctora Núñez, a la entrada del edificio donde se celebra el juicio. El oficial hasta amenazó con prohibirle la presencia en el sitio a este periodista.