La sentencia condenatoria por el triple homicidio en la comarca El Carrizo, emitida por el juez de Distrito Penal de Juicios, Erick Laguna Averruz, contra un miembro del Frente Sandinista, un funcionario del Consejo Electoral Municipal y dos oficiales de Policía, fue recibida en completo silencio en el municipio indígena de El Carrizo, mientras defensores de derechos humanos criticaron que se haya declarado no culpables a dos policías voluntarios que participaron en los hechos.

Los condenados son el secretario político del FSLN, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda; el funcionario del Consejo Electoral Municipal de San José de Cusmapa, Eusebio Cruz Montenegro, así como el subcomisionado Elvin López, exjefe policial en ese municipio, y el policía Mauricio José Díaz Jiménez.

Javier Herrera, líder político del Partido Liberal Independiente, PLI, en el municipio, dijo vía telefónica que la gente conversa en grupos o en las casas sobre el desenlace del juicio.

Agregó que consultó a algunos campesinos del El Carrizo --a 10 kilómetros de la cabecera municipal-- que acudían a la celebración dominical de la misa, quienes le dijeron que “se respiraba tranquilidad”.

Desde que se inició el juicio oral y público, conducido por Laguna Averruz, en calidad de juez técnico, se percibía un sentimiento de expectación y de esperanza entre los partidarios del partido rojinegro, porque “Jersan” --como le llaman a Herrera Zepeda-- y Cruz Montenegro fueran absueltos de los delitos por los que se les acusaba, y hasta se supo que se preparaba un recibimiento triunfal.

Pero el revés sufrido a las 12:30 del mediodía del sábado último, los sumió en el “silencio”.

Rumores sobre presiones

En días previos al juicio oral y público que declaró “culpables” a dos civiles y a dos miembros de la Policía Nacional por el múltiple homicidio en la comarca El Carrizo, de San José de Cusmapa, la presión psicológica aparentemente estuvo sobre los dos policías voluntarios, Pablo Alvarado Espinoza y Martín Ramírez Izaguirre, porque según familiares de estos, “querían que ellos cargaran con los muertos”.

“En caso de que ellos resultaran condenados por el juez, les ofrecieron que por las influencias que tienen los demás en el gobierno, iban a estar encarcelados por poco tiempo, porque se encargarían de gestionar su libertad”, dijo un familiar de los policías voluntarios que fueron absueltos.

La fuente agregó que la declinación de los dos policías voluntarios a “echarse toda la culpa” por lo ocurrido en la comarca indígena, les trajo la indiferencia de los demás, y ya no les llevaban la mejor comida, tenían que consumir las raquíticas raciones que ofrecen en las celdas de la Policía.

Ninguno de los procesados, durante los 82 días que estuvieron detenidos, fue remitido al Centro Penitenciario “Puertas de la Esperanza”, de Estelí, conocido popularmente como “La Chácara”, como se estila con los demás reos comunes con prisión preventiva.

En la ahora “digna cárcel” de Somoto, por su reciente construcción, solo estuvieron el policía de línea Mauricio Díaz Jiménez, y los voluntarios, Pablo Alvarado Espinoza y Martín Ramírez Izaguirre.

Al subcomisionado Elvin López le designaron un ambiente más holgado, dentro de la infraestructura del cuartel policial.

Para el ahora condenado secretario político del FSLN en San José de Cusmapa, Jesús (Jersan) Herrera Zepeda, el judicial ordenó un dictamen médico para determinar si está o no en condiciones para ser trasladado al Sistema Penitenciario. Y para Cruz Montenegro, la inmediata captura, ya que gozaba de arresto domiciliar.

Critican sentencia

Representantes de los organismos de derechos humanos lamentaron que el judicial que conoció la causa de la matanza, declaró no culpables a los dos policías voluntarios que inicialmente fueron acusados por la Fiscalía.

Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, manifestó que este fallo deja “un mal sabor”, y es el resultado de “cómo opera nuestro sistema judicial”.

Agregó que existen testigos que pueden dar fe de que los policías voluntarios Pablo Alvarado Espinoza y Martín Ramírez Izaguirre participaron en la matanza.

“Es lamentable que la justicia se siga empañando ante estos fallos que dejan mucho que desear, porque no es el primer fallo que hemos visto que tiene sus arbitrariedades, habría que ver cuál es el trasfondo de dejar a estos dos policías libres”, dijo Carmona.

Esta teoría, de igual forma, la comparte Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos.

“Somos del criterio que todos los que participaron tienen responsabilidad, porque (por ejemplo) si a vos te asaltan cinco sujetos en el camino, a vos te aterrorizan los cinco, no uno. Ahí participaron muchas más personas y todos tienen un nivel de responsabilidad y los resultados lo dicen todo”, añadió Carrión.

Estado debe responder

Carrión aseguró que la lucha de la familia de las víctimas por lograr justicia en este caso, no finaliza tras conocer el fallo del juez, muy por el contrario, considera que el Estado de Nicaragua debe responder.

“No como una dádiva ni como ayuda a la familia ofendida. El Estado debe asumir las consecuencias por los graves daños cometidos por sus agentes, porque estamos hablando del primer miembro del Consejo (Electoral) Municipal (Eusebio Cruz Montenegro), un jefe de la Policía (Elvin López), independientemente de que hayan absuelto a dos, y el secretario político del mismo partido de gobierno (José de Jesús Herrera Zepeda). El Estado debe de pagar, aunque la vida no tiene precio”, insistió Carrión.

Para ambos representantes de organismos de derechos humanos, esta situación deja un mensaje de reflexión a todos los nicaragüenses, sobre todo en este año cuando también se desarrollarán elecciones, a ser tolerantes y a no caer en actos de provocación para evitar estos tristes acontecimientos.

Igual para Coperna

Para Gonzalo Carrión, del Cenidh, esta situación es aplicable al caso de Coperna, donde perdió la vida Ronaldo Martínez, político del partido de gobierno.

“Ahí también hay una semilla sembrada de dolor, de polarización, de odio y de venganza, donde contrario a lo de El Carrizo, no se condenó a nadie, porque la Fiscalía no pudo probar responsabilidades, y ese caso hasta ahora está quedando en la impunidad, lo cual nosotros rechazamos, porque condenamos el crimen”, destacó.

Alberto Rosales, delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, en Las Segovias, aseguró que estarán atentos a lo que ocurra en el transcurso de alguna apelación que hagan los defensores de los culpabilizados por las muertes y los demás delitos que les imputó el Ministerio Público.