Para representantes de organizaciones de derechos humanos, la condena impuesta a los asesinos de los tres campesinos de El Carrizo, demostró que el suceso fue por odio político y un crimen de Estado, dada la participación de funcionarios públicos y miembros del partido de gobierno en los hechos violentos.

Ante esa situación, los miembros de dichas organizaciones consideran que, más allá de las condenas, se debe aprender la lección y desde el Estado se deberían de tomar medidas en función de que algo parecido no vuelva a ocurrir.

Gonzalo Carrión, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, destacó que la participación de un jefe policial y de un delgado del Consejo Supremo Electoral, bajo la convocatoria del secretario político del partido de gobierno en la zona, dejó sentada la gravedad de cómo funcionarios públicos están al servicio de un partido, por lo cual hizo un llamado a las instituciones de gobierno a tomar medidas que eviten una situación similar, principalmente, cuando estamos a las puertas de una elección municipal.

El representante del Cenidh señaló que el caso se repitió en Ciudad Darío el día previo a la toma de posesión del actual presidente, donde militantes del partido de gobierno tenían “carta blanca” para actuar frente a las autoridades policiales, contra simpatizantes opositores, aunque esta vez no hubo pérdida de vidas.

“La repetición remarcó un mal precedente, así como la desigualdad ante la ley”, indicó Carrión.

Justicia debe ser igualitaria
Sobre la petición del abogado defensor, de hacer exámenes médicos a los condenados en el caso de El Carrizo, para ver si sus defendidos estaban en condiciones de cumplir condena, el director de proyectos y capacitación de la Comisión Permanente  de Derechos Humanos, CPDH, Denis Darce, consideró que dicha solicitud no es rara, si se aplica según los procedimientos legales.

Expresó que en este o en cualquier otro caso, las partes tienen derecho a apelar.

Ante los antecedentes de casos de personas vinculadas al partido de gobierno que han sido condenadas, y ante la utilización de los dictámenes médicos para su excarcelación temprana, Darce dijo que “el asunto estaría en confiar en la del dictamen de Medicina Legal, para que sirva objetivamente ante la decisión del judicial en la Apelación”.

“Hay muchos casos en los que claramente se ha identificado discriminación, cuando no todos son tratados de manera igualitaria. Hay privados de libertad que han gozado de beneficios, o más bien privilegios, cuando su única diferencia es su posición económica o su cercanía con el poder. Ojalá que la ley y la justicia se apliquen sin distingos”, puntualizó Darce.