Las mujeres nicaragüenses que se encuentran como migrantes y trabajan de domésticas en Costa Rica, enfrentan serios problemas cuando sus derechos laborales se trata. Son vivencias objetivas que retratan posibilidades alternativas de subsistencia, que experimentan las nacionales cuando aceptan trabajar en el oficio doméstico en este país.

“Si no tengo documentos, no tengo derecho a nada, no tengo permiso de trabajo, no tengo residencia, la visa vencida… entonces, ¿cómo voy ir al Ministerio del Trabajo a interponer la denuncia, porque eso es lo que primero que me piden?”, narró María Elena. A partir de allí es donde interviene la organización no gubernamental, Centro de Derechos del Migrante (Cenderos).

A esto se suma la falta de oportunidades laborales y de inserción  en el país que, según denuncia Olinda Bravo, coordinadora de la Red de Mujeres Migrantes, les hace volver con los patrones agresores  que las explotan con horarios de trabajos exagerados, ante la ley.

Uno de los ejemplos más claros de las violaciones a los derechos de las mujeres migrantes, es que las fechas en que las domésticas tienen que recibir  su salario son los sábados, pero en su mayoría lo reciben cada quincena, o sea, los 15 y los 30 de cada mes. La situación no para ahí, porque se dan casos en que los patrones se pasan hasta tres y cinco días, luego de la quincena para pagarles, sin ninguna preocupación.

“No les importa si se atrasan en pagarles a tiempo, porque se justifican en que no tienen documentos (domésticas), y ellas tienen que callar ante sus derechos violados, porque no tienen como subsistir”, dijo Bravo.

“La mayoría tiene miedo, porque el gobierno no tiene un programa para que se inserten, si interponen una denuncia no tienen adónde ir. Salidas del albergue, ¿qué van a hacer en este país?”, se preguntó la coordinadora de la Red de Migrantes.

Añadió que cuando toman valor de visitarles y ponerles al tanto de la situación, en la Red les dicen lo que deben hacer, dónde y cómo, y que en la mayoría de los casos las acompañan.
“Para dar el primer paso y realizar las gestiones como tiene que ser, se debe documentar, y eso conlleva un buen gasto, pero vale la pena porque al final llevamos las de ganar los casos”, dice Bravo.

Muro contra mujeres migrantes
En otra escena, María Torres nos cuenta cómo el patrón, que ya esta pensionado, la sigue por la casa, para ver cómo está haciendo el trabajo. “¡Vieras qué susto me pega! ‘¡Ay!’ --le digo--‘ ¡deje de andar detrás de mí, porque usted me asusta! (…)’ ‘¡Ay, negrita!, ¿tan feo soy?’, me dice, y se queda callado don Danilo (patrón). Le digo: ‘No, no, no… ¿cómo se le ocurre que usted es feo?’. Todo para que no me corra”.

En esta escena, el control abusivo sobre el trabajo que ella realiza, se busca ocultar con  un velo de comicidad afectiva que ha teñido la relación laboral. Este testimonio de María cerró una relación de 11 años de trabajo doméstico, en los que la rabia y los resentimientos mutuos se impusieron sobre una relación laboral.

La sicóloga Marta Benavides afirma que existe un muro en contra de las mujeres migrantes, el cual les impide exigir sus derechos laborales.

“Ese impedimento lo podemos describir como miedo, inseguridad, falta de conocimientos de que sí existen derechos a su favor, hablando laboralmente, pero hay otro detalle muy relevante, que no importa la nacionalidad el sexo, el color…, aquí se está violentando los derechos humanos de personas, en cualquier parte del mundo es increíble que a estas alturas de la vida exista esclavitud, de mujeres disfrazadas de domésticas, aunque no podamos generalizar, porque existen patrones que son un amor, sumamente agradecidos con la labor que estas mujeres desempeñan”, indica.
 

Denunciar cuesta
Uno de los problemas más grandes que existen al momento en que las mujeres deciden denunciar abusos en su trabajo es el económico. De acuerdo con las investigaciones, en los sondeos realizados en este reportaje y con la colaboración de Cenderos el resultado estima que:

Solo la documentación, el factor de mayor contundencia a la hora de interponer o no la denuncia, ronda los US$800, según ella.

Ante la impotencia de las féminas,  la Red de Mujeres Migrantes desarrolló un grupo de 15 miembros que rescata a sus congéneres que viven en violencia, sacan a la mujer de la situación que vive, buscan ayuda en el Instituto Nacional de la Mujer, Anamú, le dan apoyo y contención e incluso la repatrían a Nicaragua.

“Nos ha tocado a mí y a mis compañeras pasar altas horas de la noche en San José haciendo gestiones, ayudando a las muchachas, esperarlas, y en la mayoría de los casos tenemos que llevarlas a la casa a dormir, porque a altas horas de la noche no tienen ni para pagar un hotel para pasar la noche, y por la comida, como dice el dicho, ‘solo es cuestión de echarle un huevo más a la sopa de frijoles’”, relato Bravo.

Eugenia Salazar, coordinadora del área de condición jurídica del  Anamú, manifiesta que las leyes aplican para cualquier mujer, sin importar si es nacional o extranjera.

“Las leyes que protegen los derechos de las mujeres son de aplicación general, incluso la ley de penalización de la violencia doméstica. Cualquier mujer puede interponer una denuncia; si  se le niega la justicia tiene derecho a interponer denuncias contra el mismo sistema”, dijo Salazar.

De acuerdo con esta funcionaria, el Anamú no tiene un programa dirigido de manera específica a este grupo poblacional, porque no se quiere hacer una diferenciación, pero han implementado recientemente medidas de la ONU recomendadas por un comité experto.

El organismo Cenderos concreta su misión a través de los siguientes programas:
* Incidencia y Derechos Humanos
* Políticas públicas binacionales y locales que incorporen las necesidades de la población migrante con visión de equidad de género y generacional, fortaleciendo las alianzas estratégicas del organismo.
* Monitoreo y defensa de los derechos humanos, laborales, económicos, sociales, y culturales de trabajadores, trabajadoras, niños, niñas, jóvenes migrantes.
* Prevención e intervención sobre la violencia contra la mujer basada en la comunidad.
* Desarrollo de acciones integrales de prevención de la violencia masculina e institucional contra la mujer migrante.
* Fortalecimiento institucional, comunicación y gestión de fondos.
* Logro de la sustentabilidad financiera y organizacional de Cenderos. Promueve la comunicación de Cenderos con su población meta y con la comunidad nacional e internacional que vela por los derechos de los pueblos migrantes.
* Promoción de un plan integral de Desarrollo Sostenible de la comunidad Transfronteriza (Apala, Guatuso, Los Chiles y Micro Región V), que atiendan las necesidades básicas de estas poblaciones.
* Organización y defensa de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras transfronterizos que laboran en la agroindustria de piña, naranja y banano, entre otras.