Quince días hábiles después de ser notificado, tiene el presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, para responder a la denuncia que contra él y los otros magistrados electorales presentó un abogado ante la Contraloría General de la República, CGR, por el supuesto incumplimiento de la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.

Así lo dispusieron los contralores colegiados al aceptar la tramitación de la denuncia presentada por Sergio García Quintero, contra los magistrados electorales, ya que el CSE no habría exigido a los funcionarios electos o reelectos en los pasados comicios presidenciales y de diputados, su declaración patrimonial.

El informe del presidente del CSE a los contralores debe ir documentado con las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, según lo dispuesto por los colegiados.

“Lo importante de esta decisión es que los magistrados no solo van a pasar el papelito con la declaración patrimonial del funcionario público, sino que debe llevar la documentación correspondiente”, destacó el denunciante.

Entre esos documentos que deben respaldar las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos están las solvencias de la Dirección General de Ingresos, DGI, informando sobre los impuestos que pagan, indicó García.

Las declaraciones patrimoniales, también deben contener las  constancias de los Registros de la Propiedad, dando parte de los bienes que poseen. Los funcionarios públicos también deben incluir las constancias de los Registros de la Propiedad y Mercantil, dando parte de las propiedades inscritas a nombres de ellos, sus cónyuges o hijos cubiertos por la patria potestad, subrayó García Quintero.

De comprobarse la denuncia, quienes asumieron cargos públicos y quienes los dejaron en posesión de los mismos están sujetos a sanciones administrativas, que incluye la pérdida de sus puestos y hasta eventuales juicios penales, señaló el denunciante. EL NUEVO DIARIO se comunicó anoche vía telefónica con el magistrado José Luis Villavicencio, quien dijo desconocer de la decisión de los contralores.

Sin embargo, Villavicencio aseguró que todos los funcionarios puestos en posesión de sus cargos por el CSE --diputados, presidente y vicepresidente de la República-- cumplieron presentando su declaración de patrimonial en el período establecido por la Ley.