Fuertemente custodiadas por efectivos del Ejército de Nicaragua se encuentran las instalaciones del Sistema Penitenciario Regional, SPR, “Puertas de la Esperanza”, de Estelí, luego de la rebelión que llevaran a cabo el viernes 24 de febrero decenas de reos, que exigen mejores condiciones y un trato más humano por parte de las autoridades de ese penal.

Los militares se encuentran en la entrada principal del penal, así como en el interior y en las colinas próximas a las edificaciones  que fueron incendiadas por los privados de libertad, que incluso  mantuvieron durante más de cinco horas retenido al alcalde, Inés Francisco Rocha Aguilar, jefe del SPR de Estelí.

Ahora, en lugar de ser los custodios del SPR, son miembros del Ejército de Nicaragua --vestidos con uniformes pintos-- quienes permiten la entrada o salida de quienes se presentan al lugar.

La presencia de los uniformados ha provocado malestar entre los reclusos, que ayer amenazaban nuevamente con rebelarse, lo cual provocó la presencia unidades de Cruz Roja, bomberos y miembros de la Policía Nacional, que, inesperadamente, llegaron al penal, pero que se retiraron por la tarde. Las autoridades del penal no explican por qué son los militares quienes están controlando el lugar.

Gobernación pidió presencia militar

En conversación telefónica, el coronel Juan Ramón Morales, jefe de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua, dijo que “el Ministerio de Gobernación solicitó apoyo para el traslado de los reos en Estelí”, y dijo saber poco sobre la tensión que se registró en horas de la mañana.

Este sábado y domingo, los funcionarios del penal permitieron que algunos familiares visitaran a los reclusos.

Los privados de libertad de mayor confianza y “colaboradores” de los funcionarios, son los que mayor privilegio tienen en cuanto a trato y alimentación. Mientras que otros, a decir de sus familiares, han sido confinados a celdas de alta seguridad, las cuales son custodiadas tanto por funcionarios del penal como por efectivos del Ejército de Nicaragua.

Quieren “dispersar” a líderes del motín

Decenas de ellos confiaron que a los reos a quienes consideran líderes de la rebelión del viernes, les han señalado que van a otros Sistemas Penitenciarios como “La Modelo” (Tipitapa), Waswalí (Matagalpa) y el de Chinandega.

Eso ha llenado de temor a los familiares, porque de llevarse a cabo el traslado, deberán invertir más tiempo y recursos económicos para visitar a sus parientes presos. Con el confinamiento de los reos considerados líderes, se ha gestado una guerra de rumores y de desprestigio, señalándoles que son sujetos de alta peligrosidad e “irredentos”. También dijeron que les han limitado algunos servicios y eso “es un mal indicio”.

Organismos de derechos humanos expectantes

Por su parte, Alberto Rosales, asesor jurídico de la oficina regional del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, señaló que se mantienen vigilantes para contrarrestar cualquier anomalía o violación a los derechos universales de los privados de libertad.

En tanto que Roberto Petray, coordinador nacional de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Anpdh, afirmó que si es necesario denunciarán tales hechos ante Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En iguales términos se expresó Rosales, quien dijo que “ahora más que nunca” las advertencias de ellos, sobre los acuerdos suscritos en viernes luego de la rebelión, no tendrán cumplimiento, porque precisamente no tienen garantes. Las autoridades de los organismos de defensa de los derechos humanos fueron excluidas de esas negociaciones, y ya con la desarticulación de quienes reclamaban los derechos e inclusive con su traslado, habrá mayores represalias y violaciones a los derechos humanos.

Lo peor es que ahora no permiten el ingreso de los representantes de los organismos de derechos humanos ni a periodistas de medios de comunicación que son mayormente creíbles, “porque la versión periodística es más balanceada y objetiva que los medios oficiales”, señalaron.

Petray dijo que  “algo escondido se tienen”, porque desde 2008 --un año después que asumió, el gobierno del presidente Daniel Ortega--, no permiten el ingreso de ningún organismo relacionado con el respeto a los derechos humanos de los reos.

Con la colaboración de Christine Jarquín.