Unas 15 instituciones del Estado y organizaciones sociales, repudiaron la libertad condicional que una jueza de Granada, ordenó a favor de cuatro ciudadanos extranjeros y un nicaragüense que son procesados como presuntos coautores de los delitos de pornografía infantil, actividad sexual mediante pago, y turismo con fines sexuales, en perjuicio de cuatro adolescentes granadinos.

La juez suplente del Juzgado Penal de Audiencias de Granada, Leyla Domínguez,  sustituyó la prisión preventiva dictada el 7 de marzo por el juez propietario, Armando Mejía, y les impuso la medida de presentación periódica, una decisión que despertó gran preocupación entre los defensores de los derechos de los niños y adolescentes en esta ciudad.

“Hemos venido luchando durante varios años para lograr la restitución de los derechos de los niños víctimas de explotación sexual comercial, y ahora nos encontramos con la decisión de esta jueza de cambiar la medida cautelar para beneficiar a los explotadores”, denunció la coordinadora de la Comisión Municipal de la Niñez y la Adolescencia de Granada, Karla Sequeira.

Los hechos
El fallo fue dado a pesar de que la denuncia presentada por el Ministerio Público detalla que entre los meses de junio del 2010 y marzo del 2011, el ciudadano de nacionalidad belga, Jean Kares van Den Broek, quien se hospedaba en el Hotel Joluva, situado en el centro de la ciudad de Granada, acostumbraba trasladar a un grupo de adolescentes de entre 17 y 18 años al Hotel Club Alegría, en las cercanías de la Laguna de Apoyo, donde otros tres extranjeros (belga, estadounidense y canadiense) los esperaban para que los muchachos posaran desnudos, hicieran masajes eróticos y les practicaran sexo oral, entre otras cosas.

Según el relato de la fiscal auxiliar, Marielos Masís, el episodio se repetía cada 15 días y por eso los adolescentes recibían una recompensa de 25 dólares o 500 córdobas.

Además de la confesión de las víctimas, el Ministerio Público presentó como pruebas las computadoras en las que almacenaban cientos de imágenes pornográficas que denigraban a menores de edad, todos del sexo masculino.  

Los involucrados
Los otros extranjeros involucrados responden a los nombres de Francis Jr. Defranco (belga), Lyals Barry Leroy (estadounidense) y David William Thomas (canadiense). También figura el nicaragüense Raúl Antonio Urbina, quien aparentemente se encargaba de resguardar los lujosos condominios mientras duraban los encuentros sexuales.   

La fiscal departamental Vanessa Cordero indicó que a través de internet estos sujetos promocionaban a la ciudad como un paraíso gay, instrumentalizando a los adolescentes como proveedores de servicios sexuales.

“La legislación nicaragüense prohíbe tener sexo con personas menores de 18 años y señala que los acusados por delitos sexuales deben permanecer en la cárcel mientras enfrentan el proceso judicial”, enfatizó la fiscal, tras informar que ya introdujeron una apelación.  

La asesora legal del Centro de Mujeres Ixchen, Ruth María Díaz, también se sumó al rechazo generalizado e hizo un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que intervengan en el caso.

Otras entidades que respaldaron el pronunciamiento son la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Instituto Nicaragüense de Turismo, Visión Mundial y la Juventud Sandinista.