La creación por ley de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, ha provocado cierta preocupación en el sector privado de Nicaragua, porque dos artículos del anteproyecto, que podría ser discutido la próxima semana en el plenario de la Asamblea Nacional, deberían ser reformados para evitar que desnaturalicen el objetivo de la ley.

El Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, y la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobanp, están en desacuerdo con el numeral 1 del artículo 4 del proyecto de ley, porque brinda discrecionalidad a la UAF para solicitar información de cualquier persona natural o jurídica, aun cuando no se emita una alerta de que esté participando en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado.

La información que solicite o requiera la UAF debe partir de lo que se conoce como los Reportes de Operaciones Sospechosas, ROS, o del Reporte Técnico de Efectivo, RTE, explicó el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

“Si la Unidad, a través de estos informes, detecta una operación sospechosa, esa Unidad (UAF) puede solicitar esa información, pero lo que no estamos compartiendo es que sin que exista ninguna situación de operación sospechosa de por medio, ningún reporte que amerite esa solicitud, que cualquier persona sea requerida de esta información por parte de esta Unidad”, dijo Aguerri.

El otro artículo que no comparte el sector privado es el 9, referido a los sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno.

Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Siboif, las cooperativas que manejan recursos financieros con sus asociados, las microfinancieras, las casas de cambio, de empeño y de préstamo y los casinos, son algunas de las entidades que actualmente pueden brindar información, pero la ley debe señalar taxativamente los entes sujetos a informar a la UAF, sin que exista la discrecionalidad de que solicite información a cualquier persona natural o jurídica no establecida en la legislación.

Piden estándares internacionales

El presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, considera que la creación de la UAF debe estar enmarcada dentro de los estándares internacionales conforme a las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC, al cual Nicaragua se suscribe.

Conforme el proyecto de ley, la UAF puede pedir información de personas naturales y jurídicas que no estén vinculadas a un reporte de operación sospechosa. Al respecto, Argüello señala que esa no es la intención de las recomendaciones de la GAFIC. “Pensamos que es muy discrecional y puede atentar contra las garantías y seguridad jurídica; desnaturaliza la función principal de la UAF”, enfatizó.

La directora ejecutiva de Asobanp, Teresa Montealegre, señaló que la creación de la UAF es de vital importancia para lograr que Nicaragua salga de la “lista gris” del GAFIC. Sin embargo, en lo referido al artículo 9 indicó la necesidad de que la lista de los sujetos obligados a brindar información sea  “taxativa”.

“No importa si la lista se va a ampliar, pero queremos que sea una lista clara, precisa, taxativa”, comentó la funcionaria de Asobanp.

“La ley no incluye en el texto a la Conami, que se creó con la Ley de Microfinanzas que estaría en igualdad de situación con la Superintendencia de Bancos para efecto de suministrar información financiera. La Comisión Económica aceptó nuestras mociones y consideró necesario incluir a la Conami”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, Alfredo Alaniz.

Tanto el Cosep como Asobanp participaron en el proceso de consultas que realizó la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y que concluyó hace dos días con la elaboración del dictamen que fue firmado por la mayoría de los diputados, excepto los de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN.

A inicios de este mes, el sector privado envió al presidente de esta comisión, Wálmaro Gutiérrez, un informe con sugerencias para mejorar el proyecto de ley.

A paso rápido
El presidente del Cosep considera que existe interés en que esta ley sea discutida la próxima semana en el plenario, para su debida aprobación, sin embargo, antes de que esto suceda esperan que los aportes del sector privado sean tomados en cuenta.

“Nosotros quisiéramos que se escucharan los planteamientos, eso no quita que el gobierno tiene la facultad de hacer lo que considera más conveniente de acuerdo al criterio del país; nosotros también vamos a dejar sentada nuestra posición”, dijo Aguerri.

El presidente de Asobanp también espera que antes de esta discusión su posición sea tomada en cuenta por los legisladores, porque no debe ser una unidad que por su propia cuenta inicie ese tipo de investigaciones “sobre terceros”.

“Creemos que hay voluntad de tener una ley donde salga beneficiada Nicaragua y que el país tiene ese interés”, manifestó Argüello.

El planteamiento del Fondo Monetario Internacional, FMI, es que durante el proceso de consultas se debió escuchar los criterios de ciertos organismos internacionales.

“Yo creo que era una recomendación muy acertada y de suma importancia que la comisión debiese haber oído algunos criterios, no es consulta y no quiero utilizar esa palabra, sino que eran criterios sobre si realmente lo que estamos trabajando va a llenar esos requisitos necesarios para que Nicaragua pueda salir de esa lista gris”, opinó la diputada María Eugenia Sequeira.

La directora ejecutiva de Asobanp, Teresa Montealegre, considera que se debió haber hecho un tipo de “retroalimentación” con organismos como la misma GAFIC.

“El Fondo planteó que los especialistas en materia internacional pudieran ayudarnos a tener una mejor comprensión, para que entonces el anteproyecto sea todavía de más consenso”, argumentó el presidente del Cosep.

Hay tiempo
La diputada de la BDN, María Eugenia Sequeira, señaló que antes de que el anteproyecto sea discutido en el plenario se pueden recoger otras opiniones al respecto.

“A duras penas está firmado el dictamen, la Bancada Democrática no lo firmó porque había todavía algunas recomendaciones que nosotros habíamos expresado y que no fueron todavía incluidas, pero estamos a tiempo, porque falta que esta ley pase en plenario, y ahí podamos todavía fortalecer la ley”, dijo la diputada.