Sin aún elegir jueces especializados, sin Juzgados de Distrito Penal Especializados en Violencia, sin los 40 fiscales especiales que necesita el Ministerio Público, y sin la adaptación de las comisarías de la mujer para el Modelo de Atención Integrada con las cámaras Gesell para evitar la revictimización, así, hoy entra en vigencia la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer.

Ante esto, la magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, alegó que si bien hasta hoy (viernes) se eligen los jueces especializados, también ya se capacitó a todos los jueces penales, fiscales y policías que tendrán que ver con la temática.

“Estamos elaborando instrucciones generales sobre algunas dudas y vacíos en la ley, para evitar que queden a sus propias interpretaciones. Las pasaremos a los jueces que salgan seleccionados y comenzarán a funcionar a lo inmediato de las posibilidades, mientras esperamos la respuesta de la Asamblea Nacional sobre el presupuesto que solicitamos para la habilitación de los primeros seis juzgados especializados”, dijo la magistrada Ramos, considerando la posibilidad de que los juzgados entren a funcionar en agosto.

En tanto, el doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, expresó que están enviado comunicación a todos los fiscales, con el esquema de procedimiento para actuar.

Asamblea aún no autoriza presupuesto

“Tenemos un gran compromiso, y la ley lo dice, que a través de la Unidad de Género del Ministerio Público es que se implementará la vigencia de la ley. Es un gran reto. Necesitamos US$1.7 millones para 40 nuevos fiscales, más 30 fiscales asistentes. Por ley, se dice que debe ser el Estado el que debe proporcionar esos fondos, pero nos hemos cansado pidiendo fondos a los honorables diputados, incluso para nuestro cotidiano quehacer. Claro, esto ahora es extraordinario, sin embargo, desde ya hacemos contacto con los organismos internacionales”, dijo el fiscal general.

Comentó que personalmente ha hablado con el embajador de España, y le dijo que apoyarían a Nicaragua. “Es muy grande el reto y no podemos más que aceptar nuestra obligación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No más que --en estos momentos-- cumplirla a través de la mística y de la vocación de servicio de los fiscales”, dijo Centeno.

Nada sobre redirigir fondos

Azahalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, señaló que, este día, de lo jurídico simbólico se pasó a lo concreto, por tanto, desde hoy estarán vigilantes del cumplimiento de la ley, y que las instituciones no pongan como coartada la falta de presupuesto, cuando hay fondos que pueden ser redirigidos a las áreas de prioridad para dar una respuesta a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.

Destacó que la aplicación de la ley 779 dependerá de la voluntad política, para dar las condiciones adecuadas.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, destacó que incluso una ley no puede crear un cambio en la mentalidad social, mientras no exista la toma de conciencia del problema, “así que no esperemos que a partir de ahora las cosas son diferentes, pues después de aprobada la ley las mujeres siguieron muriendo y la impunidad sigue existiendo”, comentó, recordando que el monitoreo de femicidio de la Red de Mujeres contra la Violencia indica 32 femicidios en lo que va del año.