El campesino Francisco Corea Canales, en representación de los miembros del colectivo “Unidad y Esfuerzo”, pidió a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que se pronuncie sobre la investigación administrativa que pende contra la jueza Primero de Distrito Civil de Matagalpa, Scarlett Lugo Guevara.

La petición de acelerar las dos quejas presentadas ante la CSJ contra la jueza matagalpina y acumuladas en un solo expediente por estar relacionadas con un mismo caso, es un capítulo más de la batalla legal por la finca La Recompensa, que inició en el año 2001.

La jueza Scarlett Lugo Guevara explicó que ella actuó conforme a Derecho, y en un documento enviado a la CSJ manifestó las razones de las decisiones que tomó.

El reclamo de los también desmovilizados de guerra tiene como antecedentes un embargo preventivo, dos crímenes, carceleada de seis meses a 20 campesinos, una aparente estafa y el enjuiciamiento del presunto autor intelectual de los homicidios.

Saturnino Castellón y Carlos Gómez Arróliga son los campesinos que perdieron la vida de manera violenta el pasado 23 de febrero, por lo cual se acusó como presunto autor intelectual a Tomás Mendoza Escorcia.

Tomás Mendoza Escorcia, quien también reclama como suya la finca La Recompensa, fue enjuiciado por los crímenes perpetrados contra Castellón y Gómez, pero fue absuelto posteriormente por un tribunal de jurado.

Mendoza Escorcia apoya su reclamo sobre la base de una venta simulada que realizaron con él los primeros dirigentes del referido colectivo, entre los que está José Santos Rodríguez, quien al final no aparece entre los campesinos beneficiados con el otorgamiento de la propiedad.

Corea Canales explicó a los periodistas que Santos Rodríguez fue excluido de la lista de beneficiarios porque se comprobó en aquel entonces (año 2001) que había sido beneficiado por el Estado nicaragüense con otra propiedad.

EL ORIGEN DE “LA RECOMPENSA”

La Recompensa era propiedad del productor Rodolfo Loza, quien la perdió al no pagar un crédito con extintas instituciones bancarias del Estado, deuda que luego asumió el gobierno durante la administración del (ex) presidente Arnoldo Alemán, explicó Corea Canales.

Luego el gobierno traspasó las 850 manzanas de tierra a los miembros de la referida cooperativa, en el año 2001, explicó Corea Canales, pero a las pocas semanas Mendoza Escorcia logró embargar la propiedad y el juez nombró al hermano de este, Francisco Mendoza, como depositario.

Ocho años después, el 26 de octubre de 2009, los magistrados de la ahora extinta Sala Nacional de la Propiedad dejaron sin efecto el embargo preventivo que ordenó el juez Local de Paiwas y el nombramiento como depositario de Francisco Mendoza.

Según Corea Canales, la jueza Scarlett Lugo Guevara debió haberlos puesto a ellos (los del colectivo “Unidad y Esfuerzo”) en posesión de la propiedad, pero la judicial, al contestar la primera de las dos quejas, aclaró que por razones de jurisdicción territorial, no le correspondía al juez de Siuna ejecutar la sentencia de la otrora Sala Nacional de la Propiedad, sino a ella, por estar ubicada en el territorio de Paiwas, municipio de Matagalpa.

“A fin de subsanar el yerro cometido y en vista de las nulidades de procedimiento que pueden ser declaradas aún de oficio, por ser de orden público, es que declaré nulo todo lo actuado a partir del auto del 12 de febrero del 2008”, explicó la judicial.

Finalmente, la jueza Lugo, al contestar la queja, señaló que los hechos de violencia donde perdieron la vida Castellón y Gómez, acontecieron la madrugada del pasado 23 de febrero, es decir, casi un día después que ella dio cumplimiento a la sentencia de la extinta Sala Nacional de la Propiedad.