Representantes de los pueblos indígenas Rama y comunidades Kriol de la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS interpusieron un recurso por inconstitucionalidad de la Ley 800 o Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal y la Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico, porque afecta el territorio ancestral indígena y la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica.

Rupert Allen Clair Duncan, Presidente del Movimiento Comunal de Monkey Point y miembro del Gobierno Territorial Rama-Kriol, de Bluefields, especificó que la Ley 800 plantea seis propuestas de por dónde podría pasar el proyecto, “y en la mayoría de estas pasan dentro de nuestro territorio”.

“Al hacer esta ley no nos consultaron como lo mandata la Ley 445 o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; la Constitución de Nicaragua, que nos da derecho autonómico, y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en los países independientes. En todos estos especifica que para tomar decisiones sobre nuestro territorio, primero se debe hacer una consulta previa, libre e informada. Esto no se hizo, pero la ley fue elaborada, aprobada, publicada y puesta en vigencia”, asegura Clair Duncan, quien agregó que la Ley 800 en su artículo 29 declara de utilidad pública cualquier tierra privada o comunal, derogando cualquier ley que se le oponga.

En el segundo párrafo del artículo 24, la ley incluso determina que “En caso de los territorios indígenas afectados, se procederá de conformidad a sus costumbres ancestrales y en coordinación con los Gobiernos Territoriales Indígenas respectivos”.

Nasario Martínez, Primer Secretario del Gobierno Territorial Rama-Kriol, dijo que el territorio tiene 406,849.30 hectáreas tituladas en 2009, y en el área marítima 441,308 hectáreas, por esta pasan todas las rutas propuestas y ahí hay tres comunidades.

Destruiría comunidades

“Al pasar el canal, en una de las rutas principales mencionadas se pasa por la isla de Rama Cay, que es una de las comunidades más antiguas y la sede de nuestro territorio, donde vive la mayoría de la población Rama; pasaría por la ribera del río Kukra River, donde hay dos comunidades. Eso significa destruir las comunidades, los lugares sagrados y nuestros medios de vida, faltando al reconocimiento de nuestros derechos ancestrales como lo dictan los artículos 180 y 181 de la Constitución de la República”, destacó Martínez.

Lo que dice el Cenidh

El doctor Norwin Solano, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, alega que la ley fue aprobada sabiendo de los derechos indígenas y sin informar a la población. “Debieron hablar con ellos, tomar en cuenta sus inquietudes e integrarlas, y si fuese necesario trazar otra ruta para no afectarlos. Se debe consultar previamente y no cuando está consumado el hecho”.

Indicó que con el Recurso por Inconstitucionalidad lo que se pretende es eliminar esos procesos anómalos en los que incurrieron para aprobar la Ley, y ser consultados antes de cualquier acción sobre sus territorios ancestrales. Solano instó a los magistrados a dar pronta respuesta al Recurso y no dejar pasar años, cuando el daño haya ocurrido.