Lizbeth García
  •   Managua, Nicaragua  |
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Aunque el delito de la trata de personas tiene una tasa de ocurrencia en Nicaragua de apenas el 0.6% por cada 100 mil habitantes, este país tiene el mayor número de condenas a nivel de Centroamérica, unas 20 o 30 al año, según el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2013-2014.

De acuerdo a dicho informe, cada año hay 1,500 víctimas de trata de personas a nivel de América Latina.

Y ese ritmo de condenas en Nicaragua tiene lugar en un país en el cual el proyecto de Ley Especial contra la Trata de Personas aún no ha sido aprobado por la Asamblea, según explicó el consultor del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp, Gerardo Bravo, quien presentó ayer los resultados de un estudio regional que servirá a los legisladores como insumo cuando aprueben la norma.

“El resto de países de Centroamérica tiene leyes especiales, pero no precisamente hay sentencias, eso tiene que ver mucho con la voluntad política de los Estados para poder abordar el delito”, apuntó Bravo, autor del “Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica”.

Análisis regional

El estudio arrancó en febrero y abarcó las legislaciones de Guatemala, Belice, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

En los primeros cuatro países ha habido reformas y modificaciones para abordar el delito de trata como una forma de crimen organizado, en tanto que en el quinto se han formulado políticas nacionales, porque al igual que nuestro país aún no cuentan con la ley especial, aunque el tipo penal existe en el Código Penal de Nicaragua.

Bravo indicó que el proyecto de ley especial para la trata de personas en Nicaragua es novedoso, porque a diferencia de las legislaciones de otros países establece castigo para el “usuario” de las víctimas del delito, en cambio en los otros países solo se castiga al tratante.

Endurece las penas

Otros aspectos novedosos de la legislación nica —que podría aprobarse después del receso legislativo— es que simplifica el anticipo de pruebas, endurece penas y establece el decomiso, secuestro y embargo de bienes de los autores del delito para que respondan por los daños que causaron a la víctima y pueda recibir tratamiento para reinsertarse a la sociedad.

Pero el problema es que la ley no especifica de dónde saldrán los fondos para las víctimas cuando el tratante no tenga bienes. “Costa Rica lo resuelve con el pago que hacen los turistas al entrar al país, de ahí se destina el 50% para este tipo de programas”, comentó Bravo.

La gran deficiencia en todos los países en el abordaje del delito, incluyendo Nicaragua, es que no se identifican fuentes de fondos para prevención, persecución, atención y protección a las víctimas, las que ni siquiera cuentan con un albergue con personal especializado, por lo que son las ONG las que asumen ese rubro. Casa Alianza tiene un refugio en Managua, explicó Mireya Zepeda, investigadora del Ieepp.

 

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