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Cuando Luisa Pérez dio a luz a su hijo en el Hospital Alemán Nicaragüense en 2014, no había decidido cómo llamar a su bebé, por lo que a pesar de habérsele solicitado inscribir formalmente a su hijo en la ventanilla del Registro Civil en ese centro hospitalario, optó por salir del hospital sin la partida de nacimiento del niño al que 11 meses después nombraría José Luis. 

En Nicaragua muchas familias no inscriben a sus hijos de forma inmediata después del parto, pese a que en los últimos años el Estado ha promovido una política de inscripción temprana de los infantes.

Otros motivos que destacan entre los expertos en derechos de la niñez es que, principalmente en las áreas rurales, las oficinas públicas no son accesibles para todos los padres e incluso abuelos, quienes tampoco cuentan con partidas de nacimiento. 

En la década de 1990 en Nicaragua, según el Registro Central, al menos el 35% de las personas no existía jurídicamente al no contar con un certificado de nacimiento.

Actualmente, de acuerdo con Ana Lucía Silva, especialista de protección infantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), se estima que la cifra se ha reducido a un 15%.

Esta cifra es un promedio nacional de Registro Central, pero “sabemos que hay muchas zonas donde la cifra puede ser mayor”. 

Complejo

"A partir de los años noventa, se comenzó a observar de que realmente la situación de muchos niños y niñas en el país era realmente compleja, que no existían legalmente porque no estaban inscritos en el Registro Civil. Porque la inscripción ese efecto produce: te dota de una existencia legal, porque está tu nombre, tus apellidos, todo lo que es tu identidad como persona. Los apellidos a su vez te vinculan con una familia, un padre y una madre. El hecho de decir en qué lugar naciste indica el lugar al que perteneces. Esos son los efectos inmediatos", explicó Silva. 

Desde entonces, se han realizado diferentes esfuerzos para poder dar legalidad a la existencia de una persona desde distintos actores, principalmente los gobiernos y las agencias de cooperación internacional. 

En las últimas décadas, por coordinaciones del Gobierno desde Registro Central, las alcaldías municipales y los organismos como Unicef, Plan Internacional, Save The Children, entre otros, se logró inscribir a 228,200 menores. Estos, en muchos casos, se dieron en medio de procesos judiciales debido a que el período estipulado hasta la entrada en vigor del Código de la Familia para inscribir a un menor en el Registro Civil de las personas era de 12 meses, relató la representante de Unicef. 

Pasado ese tiempo, se debía someter el caso a un juicio conocido como de reposición de partida, donde según el jurista y profesor de derecho en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Jorge Pineda, se debe "solicitar al juez que ordene al registrador la inscripción de una persona demostrando con testigos que esa persona existe, nació en la fecha en que se está indicando y se ha llamado de tal manera". 

Beneficio relativo

Desde hace dos meses, con el cambio de reglas para las familias nicaragüenses, el plazo fue extendido a siete años, esto, sin embargo, no significa que el proceso judicial que puede tener una duración de entre cinco y seis meses deje de existir, aseveró Pineda. 

Para Silva, esto representa mayores oportunidades de cumplir con un derecho constitucional y que además está incluido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990, el Código de la Niñez y la Adolescencia y también el Código de la Familia. 

Sin embargo, el docente de la Upoli considera que si bien esta política es buena, el beneficio es relativo.

“El Estado debería apuntar más a crear conciencia en las personas para que se dé la inscripción de los niños desde el momento en que nacen y para eso es que se han dado las facilidades a las personas con la creación de estas ventanillas. Pero muchos niños nacen en su casa y el Estado lo que procura es que no se ponga una traba", consideró.

Implicaciones 

Entre los problemas que se generan cuando una persona ha sido inscrita es que se pierden de varios derechos. Uno de ellos es el de ejercer el voto, pues al no contar con una partida de nacimiento, tampoco podrá tener acceso a una cédula de identidad ni a la ciudadanía nicaragüense. 

"El derecho a la educación no se la va a coartar, hablando de colegios públicos, porque los privados siempre piden como requisito el certificado de nacimiento. Pero los colegios públicos permiten el ingreso a estos niños. El problema es cuando los niños llegan a la promoción del tercer nivel o sexto grado. No se le puede dar un diploma a una persona que no existe", indicó Pineda. 

La convención dice que entre más pronto se inscribe a un niño, mejor. El derecho debe ser efectivo lo más pronto posible, porque el niño ya está protegido, tiene su nombre, ya lo podés llamar con toda propiedad". Ana Lucía Silva, especialista en protección infantil de Unicef.

También para poder recibir los servicios de salud pública se requiere de contar con un nombre legalmente; no obstante, destacó la experta en protección infantil, pese a que estos documentos se solicitan, el no tenerlos no impide que uno reciba la respuesta.

De acuerdo con el nuevo Código de la Familia, agregó, se señalan obligaciones para las dependencias de Educación, Salud, Ministerio de la Familia, para que todos contribuyan a que estos niños sean inscritos.

No solo niños

Un estudio realizado por la Upoli hace dos años reveló que en algunos barrios de Managua el 85% de las personas no había sido inscrito en el Registro Civil al nacer. Esto implica que existan adultos de hasta 70 años que nunca han tenido una partida de nacimiento. 

Además, explicó Pineda, no existe una diferenciación de edades en las estadísticas. Actualmente se cuentan las personas que no tienen un documento de nacimiento a partir del año, fecha en que se vencía el plazo para la inscripción.

800 córdobas puede costar en un bufete jurídico social el trámite de juicio de reposición de partida de nacimiento en promedio. 

250 mil córdobas destinó la Alcaldía de Managua para la campaña de derecho al nombre en 2015, según el Plan de Inversión Anual.

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