Lésber Quintero
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La Contraloría General de la República (CGR) determinó a través de una auditoría que el Ministerio de Salud sufrió en Rivas un perjuicio económico de C$591,198.

Según la resolución RIA-356-15, emitida por la CGR, el daño patrimonial ocurrió en el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais-Rivas), donde la auditoría realizada a los registros de 2012 y 2013 reflejó gastos no justificados en combustibles, dinero en efectivo y repuestos de vehículos, como llantas y baterías.

“El perjuicio económico causado de manera intencional y con engaño al Ministerio de Salud es hasta por el monto de C$591,198”, se lee en la resolución.

Asimismo, establece presunción de responsabilidad penal contra cuatro funcionarios del Silais-Rivas, incluyendo al exdelegado de dicha institución, Pedro Paulo Palomino.

A Palomino se le establece presunción de responsabilidad penal por haber autorizado el pago adelantado de C$381,500 de combustible, que no fueron utilizados en actividades propias de esta institución ni en su flota vehicular.

Las presunciones de responsabilidad penal también fueron extensivas para María Estebana Vanegas, Annia Patricia Chamorro --exresponsable de caja-- y Miguel Ángel Cruz --exresponsable de servicios generales--.

A los cuatro, la CGR les impone como sanción administrativa una multa equivalente a cinco meses de salario de forma individual.

Dinero perdido

De acuerdo con la resolución, Chamorro siendo responsable de caja recibió C$116,150 en concepto de licencias sanitarias, pero dicho dinero no fue enterado ni depositado a cuenta del Silais.

En tanto, a Cruz se le responsabiliza por no precisar cuál fue el destino de los C$93,548 consignados para llantas y baterías.

La resolución también encontró responsabilidad administrativa en contra de otros seis trabajadores del Silais: María Félix Vargas, exresponsable de finanzas; Rosa Ugarte Duarte, exresponsable de contabilidad; María Villarreal Gutiérrez, María Cerda Sánchez, Paula Jácamo y Marcos Baltodano. A todos los sancionan con un mes de salario.

Tres de los trabajadores señalados apelaron la resolución ante la CGR y “nos informaron que en un término de 30 días nos responderían”, indicó uno de ellos tras agregar que el caso no ha tenido un trato justo para todos.

El Nuevo Diario en dos ocasiones solicitó la versión de la delegada del Silais, Arlen Estrada, pero no accedió a brindar declaraciones.

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