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  • EFE

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía del gobierno regional de Valencia (este de España) Rafael Blasco ingresó hoy en prisión para cumplir una condena de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua.

  • Blasco cumplirá la sentencia en el centro penitenciario de Picassent (Valencia).

El ex diputado autonómico y ex portavoz parlamentario del Partido Popular -centro derecha- fue condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.

El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial que estableció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público.

La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de consejero, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales.

"En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", según la sentencia.

El caso

La Consejería valenciana concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros (1,8 millones de dólares) supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo consideró probado que de este dinero que el gobierno regional invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros (53.945 dólares).

El 97 % restante fue aprovechado por los condenados en el caso para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.

El alto tribunal señala en su decisión que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".

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