Lizbeth García
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Falta de presupuesto para crear nuevos juzgados especializados en Violencia y Familia y contratar más defensores públicos --solo hay 338 para todo el país-- son las principales dificultades que  enfrentan los operadores del Sistema de Justicia para aplicar la Ley 779, señalaron la directora de la Defensoría Pública, Clarissa Ibarra, y la magistrada Ada Benicia Vanegas. 

Ibarra indicó que la carga de trabajo de la Defensoría está en Managua,  León, Matagalpa y la costa Caribe Sur. Este año la institución ha interpuesto 700 demandas de pensiones alimenticias y paternidad,  y ha garantizado el derecho a la defensa en el 81% de 14 mil juicios penales.

Agregó que tienen que solo tiene 338 defensores públicos que se distribuyen según la demanda en 135 de los 153 municipios del país. Para los sitios donde no hay (26 puntos) se creó la figura del “defensor itinerante”.   

Por su parte la magistrada Vanegas señaló la falta de presupuesto para crear Juzgados y nombrar jueces especializados en materia de violencia.  Solo hay 17 en todo el país.

Además faltan datos estadísticos que permitan al Observatorio de Violencia de la Corte Suprema de Justicia incidir y prevenir el delito en aquellos departamentos con mayor número de casos. 

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