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Antes de que el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua convocara a audiencia este jueves 16 de julio para ventilar una causa por la supuesta autoría de daño físico y maltrato animal, el empresario Oscar Ramón Téllez tocó las puertas de la Policía, del IPSA  y de la alcaldía en busca de justicia para “Chiquitín”, un perrito de seis años de raza schnauzer que nunca despertó tras haber sido anestesiado y sometido a una castración.

Téllez sigue esperando que el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) y la alcaldía se pronuncien ante la solicitud de cierre de la clínica veterinaria donde atendieron a su perro, pero comprende que no hay mala voluntad por parte de los funcionarios de estas dependencias, sino falta de recursos humanos y presupuesto para desarrollar la tarea de supervisión y regulación.

“Ante la imposibilidad material de las autoridades, nosotros los usuarios estamos más imposibilitados, pero lo mejor es ir a la Policía e ir a todas las direcciones (del IPSA y la alcaldía) para ir dejando constancia”, recomendó.

Sin embargo, explicó que como la conducta acusada no constituye un delito, sino una falta,  las personas que buscan justicia por sus mascotas, “tienen que contratar a un abogado y asumir todos los gastos que implican acudir a los tribunales”, como él lo ha hecho para sentar un precedente en cuanto al respeto de los derechos de los animales.

Por ello, Téllez pidió a los legisladores que reglamenten la Ley para la Protección y el Bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados (Ley 747), que establezcan “procedimientos más expeditos y más fáciles para las personas, porque así como está prácticamente la ley tiene buenas intenciones, pero no tiene posibilidades de aplicarse”.

Ruta de la justicia animal

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Nicaragua, Omar Navarro, explicó a El Nuevo Diario que cuando un ciudadano tenga una queja o denuncia contra uno de sus miembros, a quienes se les asigna código, carnet  y sello, que acuda ante ellos (la sede está en el edificio Conapro) para que el comité de ética revise el caso y determine si hubo o no mala praxis.

Si el médico veterinario no está colegiado, el quejoso o denunciante debe recurrir a las delegaciones del  IPSA, pero  no es la única ruta, porque  el artículo 64 de  Ley 747 indica que las denuncias se pueden interponer ante  cualquier delegación de la Policía, gobiernos municipales,  Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales o el Ministerio de Salud, “instituciones que estarán obligadas a actuar conforme a los procedimientos que se establezcan en el reglamento de esta ley”.

3,000 días multa es la sanción máxima establecida en la Ley 747 para los que incurran en infracciones graves. 

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