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El año pasado María Cristina Hernández, una empleada doméstica que labora en Managua, estuvo de subsidio durante un mes luego que le realizaron una operación que ahora no precisa a causa de qué fue. Tres días atrás llegó a la clínica en la que está asegurada porque le cayó un polín en la pantorrilla izquierda, provocándole una herida, por la que necesitó ocho puntadas. Estará de reposo durante siete días.

Sentada en una silla, Hernández espera que le firmen y sellen la hoja que certifica su subsidio. Datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) indican que en 2014 se extendieron 121,717 órdenes de subsidios por accidente y enfermedad común. Lo que en días se traduce en 1.3 millones de días de subsidio y en dinero en 232 millones de córdobas.

El Anuario Estadístico del INSS reveló que del universo de asegurados (725,014), 95,091 necesitaron de subsidios, lo que significa que un 13% del total de trabajadores asegurados requirieron subsidio en algún período del 2014, obteniendo cada asegurado en promedio 14 días de reposo. En 2013, en cambio, se extendieron 94,898 órdenes a 74,857 asegurados, lo que significó un incremento de 28% en comparación con 2013 y 17% en relación con 2012.

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El especialista en temas de seguridad social, Manuel Israel Ruiz, explicó que los subsidios por enfermedad común o accidente común se conceden a los asegurados que han cotizado dos o más meses, cuando se encuentren imposibilitados para trabajar debido a la enfermedad o accidente común, no vinculado con el trabajo.
“La persona activa o cesante puede estar de subsidio hasta un máximo de 12 meses”, aclaró Ruiz.

¿Quién paga al trabajador?

Manuel Israel Ruiz explicó que la cuantía del subsidio es del 60% del promedio salarial de las últimas ocho semanas anteriores al inicio del subsidio.

“Si son empleados públicos, se garantiza que el INSS conceda el 60% y el Estado el 40%. En el sector privado lo asume el empleador por la vía de convenio colectivo o por política propia de la empresa. Si no hay convenio colectivo y la empresa no tiene establecida la política del complemento, el trabajador es perjudicado”, agregó Ruiz.

Según Fryda Castillo, presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos (Aerhnic), algunas empresas cuentan con convenios colectivos en los que se estipula el porcentaje que asumirá la patronal cuando un trabajador está de subsidio.

“En el caso de enfermedades y accidentes comunes, algunas empresas pagan  entre el 60% y 40% de los primeros tres días de carencia. En los casos mayores a los tres días, hay empresas que asumen el 100% del subsidio para que el trabajador no se vea afectado en la espera del reembolso del pago del INSS”, añadió Castillo.

Las dos caras

Para muchas empresas e instituciones, el tener a un trabajador de subsidio implica costos extras y molestias. La semana pasada la presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos, se quejó públicamente “porque es increíble la cantidad de subsidios” que se reciben a diario en ese poder del Estado.

“El empleador no desearía que se le enferme nadie, sin embargo no podemos olvidar, por ejemplo, que en este país desde hace meses se han registrado muchos casos de enfermedades como el chikungunya, ¡hay que ver la calentura que da! y eso no es culpa de los trabajadores”, sostuvo por su parte Emilio Salazar, del Congreso Permanente de Trabajadores (CPT).

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De acuerdo con Salazar, como organización sindical “hemos dicho siempre que hay que dar buena atención, cuando se da un buen medicamento y atención de calidad, el trabajador se cura rápido, pero si tienen que comprarlos o les entregan medicamentos malos, no le estamos dando la atención necesaria para que se reincorporen rápido al trabajo”.

Patronal: “Afecta productividad”

Costos. “Al faltar un trabajador de forma inesperada se debe reemplazar esta persona por otra, recargando su jornada laboral e incurriendo en pagos de horas extras”,  lo que “afecta la productividad por el cansancio del trabajador que le toca redoblar o bien por falta de experticia en la posición que le tocará cubrir”, explicó Fryda Castillo.

Según Castillo, las empresas e instituciones suelen ser perjudicadas de distintas formas cuando un trabajador está de subsidio: “A veces hay que contratar personal adicional para cubrir a la persona de subsidio, cargando los costos laborales”; afecta “la calidad del servicio o proceso productivo” y el “clima laboral entre los compañeros de trabajo”; “aumenta el riesgo de accidentes laborales, y todo esto se resume en afectación de la rentabilidad del negocio y el clima laboral de la empresa”.

Como medida cuando hay trabajadores de subsidio, agregó Castillo, las empresas contratan temporalmente personal adicional. “En algunos casos se terceriza esta ausencia. Hay otras empresas que cuentan con un equipo de personal rotador para cubrir estos casos y en algunas ocasiones se le da oportunidad a estudiantes para que realicen sus pasantías”.

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