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Cada 28 de diciembre Irene Potosme sufre más de lo usual. Gabriela Hernández Potosme, su hija mayor, desapareció en esa fecha hace cinco años y medio. Tenía diecisiete años y quería ser modelo.

A la medianoche del 28 de diciembre de 2009 le avisaron que se había ahogado en Apoyo, jamás encontraron su cuerpo y tampoco se enteró con quiénes se encontraba cuando desapareció. Indagando, Potosme supo después que su hija se había reunido días antes con un hombre que le pidió tomarse fotos desnuda, a quien había contactado por Internet y quien prometía involucrarla en una agencia de modelaje.

Gabriela quería ser modelo. Desapareció en 2009.El día que desapareció, Gabriela Hernández Potosme salió de su casa con unos nuevos amigos que nadie conocía. “Ella no iba a meterse en una laguna así por así…”, dice su madre.

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“Cuando nosotros estábamos buscándola en la laguna tal vez estaban sacándola por otro lado”, dice Irene Potosme.

Redes y migración

Paola Zepeda, oficial a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Nicaragua, asegura que las redes sociales y páginas que permiten el intercambio social pueden ser el primer paso que los tratantes usan para acercarse a las víctimas.

“La eficacia y uso de este medio depende del acceso que la población potencial víctima tenga. Como explicamos, en la región los tratantes suelen aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas migrantes irregulares y las captan durante el tránsito migratorio. Puede suceder que una persona sea captada a través de un ofrecimiento de un trabajo por Internet, una oportunidad de estudiar fuera del país o la propuesta de un empleo mejor remunerado. Es ahí donde los tratantes engañan a las personas para captarlas y reclutarlas”, explica Zepeda.

En el caso de Gabriela Hernández Potosme, la red que la habría capturado se aprovechó de su aspiración de convertirse en una modelo.

Los más vulnerables

De acuerdo con el Informe Anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Trata de Personas, dado a conocer el pasado lunes 27 de julio y que analiza las acciones gubernamentales en 2014, Nicaragua es sobre todo un país de origen y de tránsito para mujeres, hombres, niños y niñas, objetos de tráfico sexual y trabajo forzado.

“Muchas víctimas de trata son reclutadas en las áreas rurales o cerca de la frontera para trabajar en centros urbanos y locales turísticos, en donde son objeto de tráfico sexual o de trata para mano de obra; los familiares de las víctimas con frecuencia son cómplices de su explotación”, agrega el informe, que ubicó a Nicaragua entre los países de nivel dos, una posición más baja que la que ocupaba el año pasado.

El mismo documento oficial de Estados Unidos también indica que los adultos y niños nicaragüenses son sometidos al trabajo forzado en los sectores de agricultura, construcción, minería, informal y en el trabajo doméstico tanto dentro del país como en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otros países.

Retrocesos

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, al gobierno nicaragüense le faltaron procedimientos formales para identificar a las víctimas entre los grupos vulnerables. Asimismo, “los funcionarios que abordan este tema de forma directa no contaron con el entrenamiento adecuado para identificar todas las formas de trata existentes”.

“Las autoridades procesaron y condenaron a menos transgresores en 2014 que en el año anterior y hubo menos actividades de la coalición contra la trata y de los grupos regionales de trabajo. Los enjuiciamientos, la protección y los esfuerzos de prevención contra la trata continuaron siendo mucho más débiles en las dos regiones autónomas de la costa Caribe de Nicaragua que en el resto del país”, añade el informe.

Mireya Zepeda, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), considera que un punto a favor de las redes de traficantes es que las potenciales víctimas “no sienten que pueden ser víctimas de este delito”.

Según el Manual Metodológico para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial Infantil en Nicaragua, elaborado por el Ieepp en junio de 2014, en Waspam, Caribe Norte, “se ha detectado que narcotraficantes llegan a las comunidades de Santa Isabel y La Esperanza para comprar niñas y adolescentes por la cantidad de US$2,000”.

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Datos proporcionados por Paola Zepeda, de la OIM, indican que en el último año la Policía ha “investigado al menos 33 casos y rescatando a 27 víctimas, tres de los casos fueron judicializados y condenados, los demás casos siguen bajo investigación. Durante el período 2009-2012 al menos 75 casos de trata de personas fueron investigados por la Policía Nacional”.

Más casos

A partir de la serie de publicaciones de El Nuevo Diario, que han narrado la historia de una joven que escapó en días recientes de un burdel de Guatemala, varias personas que residen sobre la franja fronteriza de Dipilto, y que solicitaron ocultar su identidad, han llamado a nuestro corresponsal en la zona, Leoncio Vanegas, para expresar su preocupación y narrar que en los diferentes puntos ciegos hay un flujo importante de salidas y de entradas de personas con actitud extraña.

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Los pobladores se manifiestan preocupados porque esperan una mayor actividad de las autoridades para combatir el flagelo.

En Managua, doña Irene Potosme espera alguna señal del paradero de su hija. Gabriela tendría 22 años de edad, pero su madre ni siquiera sabe si aún está con vida.

Las redes sociales suelen ser usadas por los tratantes para tener un primer contacto con las víctimas. Pero hay otra diversidad de vías para atraerlas.

Aprobación de ley fue fundamental

Progreso • A finales de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley contra la Trata de Personas, Ley 896, que a criterio de especialistas en el tema representa un gran avance en la lucha contra este flagelo.

Gerardo Bravo, consultor regional en temas de seguridad ciudadana y autor del estudio “Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica”, estima que la legislación nacional contiene aspectos novedosos y también mejorados.

“Actualmente comprende las siguientes acciones ilícitas, al menos identificamos 14: con fines de prostitución, explotación sexual, proxenetismo, pornografía infantil, matrimonio servil, forzado o matrimonio simulado, embarazo forzado, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, trabajo infantil, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, tráfico o extracción ilícita de órganos, tejidos, células o fluidos humanos o cualquiera de sus componentes”, enumera el investigador.

A criterio de Bravo, “tenemos mejores posibilidades legales y técnicas para combatir estas expresiones desde el punto de vista criminal, pero en los colegios e iglesias no se está compartiendo con la niñez y la adolescencia” los riesgos del uso de las redes sociales, que pueden ser usadas por los tratantes para tener un primer contacto con las víctimas.

“La ley ha creado un entramado interinstitucional muy complejo, que trabaja exitosamente en cuanto a la mesa de los operadores de justicia y hacia las víctimas, pero se necesita democratizar la prevención. La empresa privada y las iglesias pueden desempeñar un rol muy beligerante, muy activo”, opina.

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