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Esta semana será decisiva para el equipo legal de Bernardo Tercero, el nicaragüense que podría ser ejecutado el 26 de agosto, en Texas, tras ser condenado a pena capital en el año 2000, por la muerte del profesor Robert Berger durante un asalto a una lavandería, el 31 de marzo de 1997.

Los abogados introducirán un último recurso a favor de Tercero, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, se declarara competente de conocer y admitir que se debe hacer una revisión del caso del reo.

El equipo legal de Bernardo Tercero, integrado por Michael Charlton y Walter Long, introducirá dos peticiones ante la Corte Suprema de Texas, la que decidirá si acepta o no revisar este caso. Charlton, al ser consultado si habría posibilidades de conseguir que se posponga la ejecución, comentó que “no nos van a dar más tiempo bajo ningún conjunto de circunstancias, a menos que consigamos una orden judicial para que se suspenda la ejecución”.

Durante esta etapa, que podría ser la última posibilidad de detener la inminente ejecución de Tercero, se busca incluir nuevas evidencias recabadas en las últimas dos semanas por un equipo de investigadores privados que trabajaron en el municipio de Posoltega, en el departamento de Chinandega.

Texas es uno de los Estados más difíciles de revertir un veredicto de pena de muerte, por lo que las presentaciones legales se deben hacer de la manera más estricta (discreta) y evitar una reacción perjudicial por parte de los fiscales en este caso”.  Peter Bellamy, uno de los principales colaboradores que aboga por la no ejecución de Bernardo  Tercero.

El equipo de apoyo de Tercero, integrado por defensores públicos, miembros de la Comisión de Abolición de Pena de Muerte, organismos defensores de Derechos Humanos y amigos del reo, decidió no divulgar la estrategia legal para no entorpecer los resultados en esta etapa tan crucial del caso.

Peter Bellamy, uno de los principales colaboradores de Tercero, recordó que “Texas es uno de los Estados más difíciles de revertir un veredicto de pena de muerte, por lo que las presentaciones legales se deben hacer de la manera más estricta (discreta) y evitar una reacción perjudicial por parte de los fiscales en este caso”.

Decisión de la CIDH
Para el equipo de apoyo de Tercero fue determinante la decisión adoptada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que decidió finalmente pronunciarse en este caso y declarar que es competente para conocer y examinar la petición hecha por Peter Bellamy, en nombre de Bernardo Tercero, donde se alega posibles violaciones de los derechos humanos del reo, protegidos en la Declaración Americana.

Una vez que la CIDH admitió la petición de revisión de este caso notificó su decisión a las partes involucradas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de Texas. Esto abre una puerta de posibilidad a los defensores de Tercero a dar otra batalla legal a solo 23 días de la fecha programada para la ejecución.

En la petición hecha en nombre del nicaragüense ante la CIDH, se expone que Tercero era menor de edad cuando cometió el delito, que el Estado se negó a notificar a las autoridades consulares sobre su detención, violando el artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares y que el abogado designado por el Tribunal le proporcionó una representación ineficaz, y que al mismo tiempo se ha violado a Tercero a tener un debido proceso, en particular que la Fiscalía suprimió declaraciones y pruebas testimoniales mediante amenaza e intimidación.

En el informe a la CIDH se menciona que tras la condena, tres de las testigos admitieron que el fiscal las había manipulado durante la audiencia y en un nuevo juicio, y se menciona “supresión de declaraciones y pruebas testimoniales por el fiscal mediante amenaza o intimidación, lo que constituye un acto de coerción”.

Testigos mintieron
Este punto se refiere al caso de las salvadoreñas Marisol e Idalia Lima, quienes al escuchar el brutal veredicto del juez, en el año 2000, admitieron haber mentido en el juicio por presiones de la Fiscalía, y ante la promesa de conseguir permisos de trabajo y estadía legal en Estados Unidos a cambio de no decir la verdad sobre los hechos.

Idalia Lima era cuñada de Tercero y la cajera de la lavandería donde ocurrió el crimen. Fue exculpada de cargos por la Fiscalía a pesar de que sabía que Tercero cometería el asalto planificado en un restaurante, durante una reunión familiar. Lima fue detenida y luego dejada en libertad. Aún residen en Houston, Texas.

El informe de la CIDH señala que la Comisión examinó la posición del peticionario y declaró que el caso es admisible con el propósito de examinar la presunta violación de sus derechos como es el derecho a la vida, derecho de protección a la infancia y derecho a un proceso regular.

Si la Corte Suprema de Texas permite el nuevo recurso legal que se introducirá a inicios de esta semana, uno de los argumentos a defender es la edad de Tercero, que tendrá que demostrar que realmente tenía menos de 18 años en el año 1997, cuando cometió el crimen y por el cual fue sentenciado a morir bajo la aplicación de inyección letal.

En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la pena de muerte para los menores de 18 años de edad, al momento de cometer un delito.

 

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