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Cinco mexicanos y un hondureño, quienes en mayo y agosto del año 2010 fueron sentenciados a cinco años de prisión y multas millonarias por lavado de dinero, solicitan su libertad.

En ambos casos el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) se opusieron a dar salida a los extranjeros alegando que no han pagado las multas.

Los primeros  que  comparecieron  este martes ante la autoridad judicial son los aztecas Manuel Mendoza Cervantes, Felizardo Iribe y Adolfo Domínguez Acosta.

La abogada Karla Nicaragua pidió al juez  Quinto Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia de la capital, Melvin Vargas García, decrete la extinción de la acción penal por cumplimiento de condena.

La abogada también  solicitó al juez declare  la inaplicabilidad de la multa de US$101,300 impuesta a cada uno de sus patrocinados por considerarla impagable.

“Si los obligan a pagar la multa con días cárceles la pena aumentaría en dos años, dos meses y seis días y eso es ilegal”, sostuvo la abogada  que representa a los mexicanos.

Hasta que paguen

Por su parte, la fiscal auxiliar Migdalia Osorio  y la procuradora Jacqueline Torres coincidieron en manifestar que se oponen a la excarcelación de los sentenciados mientras no paguen los US$303,900 o su equivalente en córdobas.

“Las multas no son penas accesorias son parte de la pena principal al igual que los años de prisión”, sostuvo la representante de la PGR, Jacqueline Torres.

Segundo caso

Una hora más tarde ante la jueza Tercero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Gertrudis Gaitán hizo igual pedimento para los mexicanos Ruperto Beltrán Ramos,  Héctor Alejandro Zambrana  y el hondureño Kevin Roberto Flores.

Los  aztecas y el  hondureño fueron capturados en el empalme de San Benito transportando US$136,000, que según la Fiscalía era dinero destinado para financiar actividades narcos en territorio nicaragüense del llamado cártel del Golfo.

El abogado Roberto Cruz, quien representa al mexicano Ruperto Beltrán, dijo que  su representado ha sobrepasado en 182 días la pena, y que no tiene con qué pagar la multa de aproximadamente C$3,712,800. Solicitó pagar con días de prisión, pero en su país de origen.

Al igual que en el primer caso los representantes del Ministerio Público y la PGR se opusieron a la libertad de los condenados, porque no han saldado la multa.

 

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