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El caso de Bernardo Tercero es elevado a la Corte de Justicia Federal de Estados Unidos, ante un duro revés en la corte estatal de Texas, que se negó a aceptar un recurso de hábeas corpus que permitiría detener la ejecución del nica programada para el 26 agosto.

El penalista Walter Long, quien asiste gratuitamente a Tercero, solicitó a la corte estatal el recurso esgrimiendo que Tercero no tuvo una defensa efectiva en el juicio.

En el escrito el defensor plantea que se acepte la moción de hábeas corpus y en particular, el reclamo que Tercero tuvo una deficiente asistencia legal que falló sustancialmente en presentar elementos que le permitieran ofrecer importantes argumentos a la justicia.

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El mismo recurso será elevado a nivel federal y contiene elementos recabados recientemente en Nicaragua a través de detectives privados. La corte podría pronunciarse en las próximas horas e inclusive hasta último momento.

La respuesta de la CSJ será determinante en la ejecución, tomando en consideración que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no da señales de escuchar los gritos de clemencia de familiares, amigos y defensores de Derechos Humanos.

21 extranjeros esperan fecha de ejecución

Junto al nicaragüense Bernardo Tercero, cuya ejecución está programada para este miércoles, hay otros 21 extranjeros en el corredor de la muerte en Texas (EE.UU.), en su mayoría mexicanos y centroamericanos, aunque también los hay de Suramérica, Asia y el Caribe.

Si nada lo impide, al nicaragüense lo ejecutarán el miércoles a las 18:00 hora local (23:00 GMT) en la cárcel de Huntsville, la más antigua de Texas y en la que ya han sido ajusticiados 13 extranjeros desde marzo de 1993, cuando el dominicano Carlos Santana murió a manos de sus verdugos.

Tercero fue condenado por asesinar a otro hombre en 1997 durante un atraco en una lavandería de Houston, crimen por el que ha pasado los últimos 15 años de su vida en el temido corredor de la muerte de Texas, ubicado en la cárcel de Polunsky.

Además de Tercero, en Texas están condenados a muerte once mexicanos, tres salvadoreños, dos hondureños, un argentino, un dominicano, un vietnamita, un bangladesí y una única mujer nacida en la isla caribeña de San Cristóbal con pasaporte británico.

La mayoría está en la cárcel por un asesinato, aunque hay casos como el del mexicano Abel Ochoa que en 2002 mató a su esposa, a sus dos hijas de 7 años y de 9 meses, a su suegro y a su cuñada, o el del salvadoreño Héctor Medina, que mató a su hijo de tres años y a su hija de ocho meses en 2007.

Estados Unidos ha violado las leyes internacionales en muchas ocasiones al ejecutar a ciudadanos extranjeros”. Robert Dunham, director del Observatorio Death Penalty Information Center (DPIC).

Otros, como el mexicano Juan Carlos Álvarez está condenado por el asesinato de cuatro miembros de una banda rival en 1998 o el también mexicano Ignacio Gómez que mató en 1996 a tres personas tras una pelea.

Por su parte, el hondureño Edgardo Cubas y el salvadoreño Walter Sorto fueron condenados por el secuestro, violación y asesinato en 2002 de tres mujeres hispanas, una de ellas de 15 años, aunque hay sospechas de que pudieron estar involucrados en más casos parecidos.

Cubas estuvo a punto de ser ejecutado en 2014, pero finalmente suspendieron su cita con los verdugos.

Esperan fecha de ejecución

Otros, como el salvadoreño Gilmar Guevara, que en el 2000 mató a dos personas durante un atraco, ya han agotado todos sus recursos legales y podrían recibir una fecha de ejecución en los próximos meses.

La británica Carty

Entre los casos más conocidos está el de la mujer británica, Linda Carty, condenada por el secuestro y asesinato de su vecina Joana Rodríguez.

Según los fiscales, Carty estaba tan desesperada por tener un bebé y salvar su matrimonio que decidió raptar al recién nacido de Rodríguez, cuyo cadáver fue hallado un día después de su desaparición en el maletero de un vehículo.

Carty fue condenada con el testimonio de los autores materiales del crimen, pero ella siempre ha defendido que le tendieron una trampa y su caso ha atraído la atención de los medios de comunicación.

“Fallo Avena”

La ejecución de ciudadanos extranjeros en los últimos años ha estado rodeada de polémica, ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó en el llamado “Fallo Avena” revisar el caso de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos a quienes se les violó el derecho a notificación consular.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares obliga a los Estados a informar a los consulados respectivos de la detención de ciudadanos extranjeros, así como al detenido de que tiene derecho a solicitar asistencia consular.

Desde la sentencia, Estados Unidos ha seguido ejecutando a ciudadanos extranjeros, cuatro de ellos “en franca violación” del “Fallo Avena”, según sostiene la Cancillería mexicana.

Críticas a EE.UU.

El director del Observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), Robert Dunham, dijo a Efe que “Estados Unidos ha violado las leyes internacionales en muchas ocasiones al ejecutar a ciudadanos extranjeros”.

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Por su parte, el abogado de Tercero, Mike Charlton, afirmó a Efe que “Texas nunca ha respetado los derechos consulares”, por lo que no espera que la violación del derecho a esa notificación tenga ningún efecto en el caso del nicaragüense.

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