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Las iniciativas para reformar la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética y a la Ley 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, fueron enviadas ayer con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra.

“Lo que básicamente dice la iniciativa es que se va a mantener el subsidio energético de los consumidores domiciliares de 0 a 150 kilovatios hasta el primero de enero del 2018”, aseguró a El Nuevo Diario el tercer secretario del parlamento, Wilfredo Navarro, quien explicó que la urgencia se debe a que el plazo que actualmente tenía el subsidio que gozan unos 864,136 ciudadanos, que consumen de 0 a 150 KW/h, se vence este próximo 30 de agosto.

Asimismo, el legislador señaló que en la iniciativa también se plantea ampliar el plazo de la alícuota especial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecida en 7%  a los consumidores domiciliares de energía eléctrica comprendidos en el rango de 301 a 1,000 kilowatts hasta el primero de enero del 2018.

En la iniciativa se especifica que el Gobierno está consciente que “la focalización de los subsidios es un tema pendiente”, en el cual ya se dan los primeros pasos con estudios sobre el tema, sin embargo añade que “su reducción drástica y total no es factible a corto y mediano plazo”, tal y como lo ha indicado un informe preliminar a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De igual forma, la iniciativa también incluye la facultad de que la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) pueda facturar la energía hidroeléctrica producida por la central Hidroeléctrica Larreynaga --que actualmente se encuentra en etapa de prueba-- a un precio que le permita honrar sus compromisos financieros con las instituciones que aportaron a la construcción de la obra.

Añade que esta energía, “como toda energía hidráulica de ENEL, se destinará para satisfacer con prioridad las necesidades de Enacal y de las empresas distribuidoras”.

La construcción de la nueva planta hidroeléctrica Larreynaga, en el departamento de Jinotega inició en 2011 y se prevé que genere 17 megavatios de energía al sistema nacional, como parte del cambio de la matriz energética de nuestro país.

La obra tiene un costo de US$65 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una contrapartida del Gobierno de Nicaragua.

Los beneficios

En la exposición de motivos de la reforma se especifica que se beneficiará en el caso de la tarifa social a 764,111 clientes (registros reales de junio 2015) que representan el 79% del total de clientes (864,136) y el 85% de los clientes residenciales (899,989).

El subsidio para ambos segmentos de clientes se estima en US$62.7 millones para un año calendario a cargo del Presupuesto General de la República.

Para la alícuota especial del IVA se beneficiará a 31,752 clientes, siendo la afectación económica de esta medida de US$3 millones para un periodo fiscal.

Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, dijo que la tarifa eléctrica social es una cosa que ayuda a resolver el tema de bajos ingresos de mucha población que tiene ese beneficio.

Agregó que no es malo que se dé seguridad con esta prórroga al subsidio,  más bien la lógica es que se está viendo que los costos del petróleo seguirán bajos el resto del año.

“La revisión a la baja (de crecimiento) es de medio punto porcentual, no es que va a haber una caída tan significativa para eliminar ese subsidio. Definitivamente sí hay una desaceleración, pero no creo que eso vaya a generar grandes tensiones desde el punto de vista fiscal. Tenemos un déficit fiscal en orden y por lo tanto, es factible la medida. El tema del subsidio lo vemos como una política social que se ha estado implementando”, concluyó Chamorro.

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