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  • ACAN-EFE

Al menos 13.000 mujeres indígenas originarias del Caribe norte de Nicaragua, una de las regiones más pobres del país, han sido víctimas de violencia de género en los últimos cinco años, informaron hoy organismos que defienden los derechos de mujeres y etnias.

Desde el 2011 hasta lo que va de 2015 los organismos Salud Sin Límites y Movimiento de Mujeres Nidia White han brindado asesoría psicológica, legal, atención médica y albergue a esas 13.000 mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia de género, de acuerdo con ambas ONG, que operan en la zona.

Los datos fueron ofrecidos durante un foro nacional, celebrado en Managua, en el que ambos organismos presentaron los resultados del proyecto Red de Salud Intercultural para el Abordaje y Reducción de la Violencia Intrafamiliar y Sexual en Puerto Cabezas o Bilwi, la ciudad principal en la Región Autónoma del Caribe Norte.

Ese proyecto tiene como objetivo proveer servicios integrados a las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en el Caribe norte nicaragüense.

"Tanto instituciones como organizaciones y actores comunitarios han asumido con mayor beligerancia sus roles, lo cual se traduce en una mejor calidad de atención y mayor apertura de parte de las víctimas para acercarse a las instancias correspondientes", dijo el director de Salud sin Límites, Juan Herrera, a periodistas.

El dirigente sostuvo que a través de ese proyecto, que ejecutan desde el 2011, han logrado trabajar con 43 jueces comunales indígenas de origen miskito.

No obstante, pese a que han aumentado las denuncias, aún existen obstáculos para implementar ese proyecto, los cuales tienen que ver con tomar en cuenta los contextos propios de las mujeres indígenas para resolver asuntos relacionados con la violencia de género, explicó.

"Otro reto es que los wihtas (jueces comunales) son electos cada año", lo que ha dificultado que los conocimientos transmitidos sean sostenibles y puedan ser implementados en la localidad con mayor eficacia, añadió Herrera.

Hasta antes de que se implementara ese proyecto, los wihtas eran quienes decidían cómo se administraba justicia en casos de abuso sexual o violencia de género, anotó.

Según los organismos, una de las maneras de resolución de conflictos era el "talamana" o "pacto de sangre", mediante el cual el agresor resarce a la familia de la víctima con animales como cerdos, gallinas, vacas, de acuerdo con la magnitud del daño.

Esta negociación se daba entre los familiares de la víctima y el victimario, con la mediación del wihta.

El proyecto que ha permitido visibilizar la violencia que sufren las indígenas en el Caribe norte y que culmina en octubre próximo, es financiado por la Unión Europea y el organismo internacional Irish Aid, y ejecutado por Salud Sin Límites y el Movimiento de Mujeres Nidia White, con el apoyo de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

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