Lizbeth García
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Desde el 2007 a la fecha hay 110 casos de acusaciones por la autoría del delito de trata de personas, de los cuales los últimos seis casos de este año se tramitan bajo la nueva Ley 897 (Ley Especial Contra la Trata de Personas), que establece duras penas de entre 10, 15 y hasta 20 años de cárcel contra los tratantes.

Lo anterior fue revelado por el fiscal director de la unidad especial contra el crimen organizado del Ministerio Público, Javier Morazán, quien aseguró que hasta ahora hay seis casos judicializados que están en proceso penal (con la nueva ley).

“Nicaragua destaca en la atención a la denuncia por trata de personas, porque las atiende todas y les da trámite, aunque al final se logre comprobar que no era sobre un caso de trata sino de otro delito como tráfico de migrantes o de un delito sexual”, comentó Morazán.

El año pasado la Fiscalía obtuvo seis sentencias condenatorias contra personas que incurrieron en delito de trata de personas, cifras que según Morazán destacan a nivel regional, porque en otros países la cantidad de investigaciones, acusaciones y sentencias están por debajo de las estadísticas  de Nicaragua.

Perfil de acusados

Los acusados este año bajo la Ley 897 son nacionales que se involucran en la etapa de reclutamiento, captación, transporte y traslado de las víctimas de trata de personas.

En los seis casos señalados por Morazán, algunos obedecían a trata interna, es decir las víctimas eran captadas y reclutadas de un departamento a otro para ser explotadas sexualmente en un centro.

Ningún país es inmune. La trata es uno de los delitos más vergonzosos que existen”. Olga Baus, jefa de cooperación regional de la Unión Europea en Nicaragua.

Los departamentos destino para la explotación sexual --como generalmente ocurre según Morazán--  son los fronterizos, turísticos y la capital.

El funcionario del Ministerio Público participó ayer en una reunión con periodistas capitalinos, evento organizado por Save the Children y la Unión Europea, para contribuir al abordaje noticioso del delito de trata de personas con visión de derechos humanos, equidad de género y lenguaje no sexista.

Juana Delgado, directora del programa de prevención contra la trata de personas de Save the Children, se declaró contenta con la aplicación de la nueva ley porque la misma amplió de 6 a 22 los verbos rectores para que cada actuación sea acusada y enjuiciada desde que el delito inicia. 

Lo que falta

Además ponderó la protección y confidencialidad que establece la ley a favor de las personas afectadas, pero indicó que aún falta por hacer que la nueva norma se aplique correctamente y se establezcan procedimientos institucionales para atender a las víctimas y reinsertarlas a la sociedad.

“Hace dos años la Comisaría de la Mujer aperturó un albergue para mujeres víctimas de este delito, porque no hay un albergue específico para trata de personas, solo para víctimas de violencia intrafamiliar”, agregó Delgado.

Señaló que la trata de personas va más allá de la violencia intrafamiliar porque se vulneran todos los derechos, por lo que la persona necesita recuperación emocional,  reinserción social y no discriminación.

 

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