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La Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer que investigará la venta ilegal de tierras indígenas en el Caribe nicaragüense, y enjuiciará a los responsables, luego de los hechos violentos que desembocaron en la muerte de un líder nativo, la semana pasada.

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, aseguró que en la venta ilegal de tierras están involucrados directamente cuadros cercanos al liderazgo de Yatama, además Estrada aseveró que la comisión especial conformada por la PGR, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, se dedica a ampliar las investigaciones por orientaciones del presidente de la República, Daniel Ortega, con el fin de emitir las sanciones correspondientes.

“Estamos haciendo el esfuerzo de ampliar toda la información que nosotros tenemos. Buena parte de ella ha sido ya anunciada por el diputado Edwin Castro. Esa información que precisamente él leyó (en la Asamblea Nacional) es basada en los datos que nosotros hemos proveído, los cuales hemos recopilado, que no solamente consta de los 16 casos, hay muchísimos casos más”, explicó Estrada en declaraciones a medios de comunicación.

El pasado lunes la Asamblea Nacional en una votación por mayoría desaforó al diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, a quien acusaron de traficar con las tierras indígenas.

“Ha habido sujetos muy cercanos al liderazgo de Yatama que han estado en esta venta irregular, que son imprescriptibles, tierras que son intransferibles y que bajo ningún motivo pudieron haber sido inscritas, pero sin embargo se hicieron con autoridades que fueron nombradas por ellos mismos”, denunció Estrada.

Estrada afirmó que junto con la Corte Suprema de Justicia en 2010 se iniciaron procesos contra notarios y registradores que se habían visto involucrados en estos casos.

Más involucrados

En relación a si en el nuevo proceso de judicialización entrará el caso del líder Yatama, Brooklyn Rivera, el titular de la PGR se limitó a decir que hay fuertes evidencias de su involucramiento.

“Tenemos toda la evidencia, definitivamente tenemos toda la información del involucramiento directo de él, personalmente nos habíamos reunido con él, para tratar de persuadirlo (de que) cesaran las actividades de sus allegados más cercanos, unos señores García Baker, el mismo registrador David Rodríguez, son elementos cercanos a él, esos no pudieron haber actuado sin la anuencia y sin la aprobación de su instancia superior, que era en este caso el exdiputado Brooklyn Rivera”, destacó Estrada.

El comercio de tierras indígenas en la Región Autónoma del Caribe

Norte (RACN) y la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) es ilegal en Nicaragua, sin embargo, en las últimas dos décadas están siendo compradas por “colonos”, relegando a los indígenas, que son sus verdaderos dueños, hacia espacios más pequeños.

Un total de 23 territorios originarios pertenecen a las etnias asentadas desde antes de la Colonia española en los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, al Este de Nicaragua, y están inscritas legalmente a nombre de las comunidades nativas, según la PGR.

“A tener paciencia”

Por su parte el vicepresidente de la república Omar Halleslevens expresó que “somos de los que creemos y ustedes lo saben, en la conversación, en el diálogo, hay una situación determinada que entiendo se está investigando, habrá que tener un poco de paciencia para ver qué arrojan las investigaciones”.

Exdiputado se defiende

El ahora exdiputado y dirigente miskito Brooklyn Rivera introdujo ayer ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal, cuya tramitación está en manos de los magistrados de la Sala Penal II de dicho tribunal.

En el recurso, el dirigente del partido Yatama pide que los magistrados del TAM requieran a la directora de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, y al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, comisionado general Juan Ramón Gámez, para conocer si existe algún proceso investigativo en su contra.

Rivera negó haber sido “persuadido” por la Procuraduría General de la República en el año 2010 para supuestamente desistir de la venta de ilegal de propiedades comunales que le imputó el legislador sandinista y por el contrario sostuvo que tras la invasión de colonos a territorios indígenas del Caribe nicaragüense hay “ intereses  ocultos”.

Los magistrados de apelaciones tienen 24 horas para pedir el informe correspondiente a los jefes policiales contra quienes va enderezado el recurso sometido por el exdiputado Rivera.

  • 1,500 kilómetros cuadrados  es el área que según la PGR ha sido vendida de forma ilegal a familias colonas, presuntamente por algunos nativos indígenas.
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