Ernesto García
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La Procuraduría General de la República (PGR) recurrió de queja ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra nueve abogados y notarios públicos que presuntamente están involucrados en la venta ilegal de tierras comunales en el Costa Caribe.

Los profesionales del derecho para quienes la PGR está solicitando sanciones son: Kemil Coleman Alvarado, Oscar Somarriba Ardila, Nahum Lumbí Mayorga y Pablo Manzanares Tórrez.

Completan la lista de abogados contra quienes la PGR recurrió de queja: José Isabel Salgado Zelaya, Oscar Seplman Bell, Evaristo Mercado Pérez, Marcos Hoppington Scott y Salomón Osorno Colleman.

LA QUEJA

En el reclamo dirigido al supremo tribunal, la PGR asegura que los notarios antes mencionados violaron la Ley de Régimen de Propiedad Comunal, “en complicidad con algunos líderes comunitarios”.

El actuar de los abogados denunciados ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la CSJ ha causado perjuicio a la propiedad de la comunidad indígena, “faltando con ello al ejercicio de su profesión como notarios”, señala la queja.

El documento de la PGR agrega: “los abogados contra quienes va dirigida la queja hicieron protocolización del usufructo a manera de perpetua, protocolización de contrato de usufructo, protocolización de documentos privados y derecho de posesión”.

Lo anterior significa que los notarios públicos denunciados ante la CSJ con su actuar dieron apariencia de legalidad insertando en sus protocolos actos (ventas de tierras comunales), que son absolutamente nulos por estar prohibidos por la ley, explicaron juristas consultados por El Nuevo Diario.

“Los notarios objeto de la presente queja no garantizaron que los otorgantes de contratos de usufructo fueran los dueños de la propiedad”, según el reclamo presentado por la PGR. Hace una semana la Corte Suprema de Justicia sancionó a otros cinco notarios públicos por estos mismos hechos que han causado enfrentamientos entre colonos e indígenas en el Caribe Norte, con saldo de muertos y heridos.

 

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