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El Gobierno lanzará una campaña para concientizar sobre el derecho que tienen las adolescentes embarazadas a continuar sus estudios y evitar que sean expulsadas de sus colegios, informó Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

La exclusión de la sociedad y el abandono de los estudios son situaciones que sufren las adolescentes embarazadas en Nicaragua, país que registra el mayor porcentaje de natalidad en el segmento de entre 15 y 19 años, según estudios nacionales e internacionales.

En su acostumbrada alocución de mediodía, Murillo reconoció que “hay muchachas que, por distintas razones, siendo estudiantes de secundaria del sistema público tienen que enfrentar el desafío de un embarazo”.

Nicaragua fue ubicada en el primer puesto de maternidad precoz en un reciente estudio elaborado por Unicef y Plan Internacional, en el que muestran que una de cada tres jóvenes latinoamericanas es madre antes de llegar a los 20 años.

La última Encuesta de Demografía y Salud, Endesa 2011-2012, revela por su parte que la tasa de fecundidad adolescente, referida al número de embarazos entre mujeres de entre 15 y 19 años, pasó de 106 a 92 por cada 1,000 mujeres en los últimos cinco años, no obstante en el área urbana esta tasa es de 74, mientras el área rural de 117 por cada 1,000 mujeres.

“Esa es una orientación que hemos tenido de nuestro presidente, trabajar para que las muchachas que estén embarazadas y quieran seguir estudiando no se les pueda impedir en todas las escuelas del sistema público”, subrayó Rosario.

UNA DURA REALIDAD

Murillo refirió que la campaña de comunicación para evitar la expulsión de las adolescentes embarazadas está siendo trabajada por la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, y será lanzada próximamente con énfasis en la comunidad educativa.

“Nosotros queremos trabajar para evitar los embarazos adolescentes, pero también tenemos que aceptar que esa es una realidad en nuestro país en estos momentos”, insistió Murillo.

El nuevo Código de la Familia, que entró en vigor a inicios de este año, contempla en su artículo 305 que las instituciones públicas y privadas en las cuales estudie o labore una adolescente embarazada deberán garantizar la continuidad de sus estudios o trabajo y respetar los derechos que le asisten.

 

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