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Mientras la Fiscalía acusaba ayer a 10 personas (solo cuatro están detenidas) por los disturbios provocados en Mina El Limón, que causaron la muerte de un policía, monseñor Silvio Báez dijo en Masaya que la Iglesia católica está dispuesta a mediar en el conflicto, que también ha generado cuantiosas pérdidas económicas.

“He estado orando para que esto no se extienda en el territorio nacional, ni se haga más grande y no se pierdan vidas humanas, ni se agredan personas de ambas partes. Indudablemente, estoy seguro de que los obispos de Nicaragua estaríamos dispuestos a intervenir si nos lo pidieran”, aseveró monseñor Báez tras oficiar una misa en la parroquia San Juan Bautista.

Asimismo, lamentó que en Nicaragua los problemas alcancen la confrontación violenta, intransigencia, descalificación recíproca y de muerte.

“Lamento profundamente la muerte de un miembro de la Policía Nacional, es un nicaragüense, es un hermano, es un hermano nuestro que en ningún caso tenía que haber perdido la vida”, refirió el obispo auxiliar.

El sacerdote señaló que el llamado de la iglesia es para el entendimiento y el diálogo. También dijo que es necesario negociar con razones y buscar caminos de solución justos para todos, porque tanto la empresa tiene sus motivos, como los mineros los suyos.

Estoy seguro de que los obispos de Nicaragua estaríamos dispuestos a intervenir si nos lo pidieran”. Monseñor Silvio Báez.

 

“En los conflictos sociales siempre hay que recordar que nunca el interés empresarial, el interés de una transnacional y el interés de ganancia económica debe prevalecer sobre el interés de la clase obrera, de la gente más pobre, de los trabajadores”, afirmó monseñor Báez.

Acusación

En tanto, ayer la Fiscalía aseveró que por los hechos que comenzaron en septiembre un grupo de trabajadores en la Mina El Limón, están detenidos Ramón Antonio Useda Olivares, Humberto Felipe Rivas Canales, Henry Facundo Gómez Quintanilla y César Santos Pulido Centeno, mientras que otros seis no han sido capturados.

La Fiscalía interpuso una denuncia contra las 10 personas y se esperaba que la tarde de ayer fueran llevados a la primera audiencia en Managua, pero según familiares de los detenidos fue suspendida hasta mañana, lunes.

El Poder Judicial, sin embargo, no ofreció una versión oficial sobre la programación de la audiencia.

El Ministerio Público presentó cargos por crimen organizado, homicidio, amenazas, daños agravados, exposición de personas al peligro, abuso sexual, obstrucción de funciones, incendio y daños agravados en perjuicio del Estado de Nicaragua, la Policía Nacional y otras víctimas.

Más amenazas

Luego de la retención de Humberto Rivas Canales, exdirectivo del Sindicato de Trabajadores Pedro Roque, principal promotor de la protesta en la empresa minera B2Gold, y de los enfrentamientos ocurridos el miércoles, miembros del mismo sindicato han amenazado con arreciar las acciones de protesta, paralizar el bombeo subterráneo en dicha mina e inclusive tomarse las instalaciones.

“El peor error que cometerían los huelguistas es tratar de ahogar el sistema de bombeo subterráneo de la mina, porque esta empresa es la única fuente de trabajo que tenemos en esta comunidad. Estoy en total desacuerdo porque a eso no se le puede considerar que es una lucha sindical, sino que es un atentado en contra de la empresa misma”, sentenció Donaldo Rivera, secretario del Sindicato Democrático de Trabajadores en B2Gold.

Rivera manifestó que en el caso de que los sindicalistas entorpezcan el funcionamiento de las bombas, “lo que ocurriría sería catastrófico porque la mina se va a rebalsar en agua y posteriormente será imposible la renovación de trabajo”.

En el poblado minero aún persiste el clima de tensión, las vías principales están obstaculizadas a base de piedras y troncos de árboles, hay desabastecimiento de productos en pulperías y negocios privados de la comunidad El Limón.

Martín Esparza, gerente de la empresa minera B2Gold, S.A., solicitó a los instigadores de la protesta que depongan sus actitudes violentas y aseguró que se registran pérdidas económicas por la falta de operación de la compañía, que rondan los US$4.5 millones, cifra que se suma a los US$500,000 en pérdidas, en cuanto al pago de salario correspondiente a los ochocientos trabajadores.

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