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En la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua fueron interpuestos la tarde del lunes varios recursos de exhibición personal por detención ilegal que presentaron familiares de 20 reos detenidos, a quienes un juez de la capital el pasado domingo les dictó prisión preventiva por los disturbios de la semana pasada, tanto en Mina El Limón como en Chichigalpa.

Los primeros recursos fueron presentados a favor de Ramón Useda Olivares, Henry Gómez Quintanilla, César Pulido Centeno y Humberto Rivas Canales. Este último es secretario general de los mineros de Mina El Limón.

A los cinco detenidos por los disturbios en Mina El Limón, donde pereció el policía de la brigada antidisturbios Kevin Esaú Valle Carrasco, la Fiscalía les imputa  11 delitos: homicidio, daño agravado, robo agravado, portación y uso de armas restringidas, secuestro simple, crimen organizado, entre otros.

La audiencia inicial para los 25 acusados, de los cuales 20 están en prisión preventiva, está programada para el próximo 22 de octubre.

En el caso del dirigente sindical Humberto Rivas, el Ministerio Público también le atribuye la presunta autoría del ilícito de abuso sexual en perjuicio de una agente policial de la brigada antidisturbios.

SEIS DELITOS

Cabe mencionar que en los sucesos de Mina El Limón son 10 los acusados, pero solo cinco están detenidos, razón por la cual el juez del Sexto Distrito Penal de Audiencia de la capital ordenó la captura de los otros imputados.

Por su parte a los 15 acusados por los disturbios en Chichigalpa, la Fiscalía les imputa la presunta autoría de los ilícitos de robo agravado, daño agravado, uso de armas restringidas, exposición de personas al peligro y crimen organizado.

Entre los acusados por los hechos de vandalismo en Chichigalpa figuran: Walter Flores Borge, José Donaldo Rodríguez, Jaime Miranda Gómez y María Lisseth Molina Peña, única mujer del grupo de acusados.

LOS RECURSOS

La Fiscalía asegura en la acusación que Cristóbal Morales Talavera, José Donaldo Rodríguez, Nelson Mayorga Velásquez y Nelson Mayorga Velásquez eran quienes trasladaban explosivos (morteros artesanales), con cuales fueron atacadas las fuerzas del orden público en Chichigalpa.

Mientras tanto, los familiares de los acusados por los disturbios en Mina El Limón, presentaron un recurso de exhibición personal a favor de sus parientes en prisión alegando que fueron sustraídos de su jurisdicción.

Esto debido a que los hechos acontecieron en la circunscripción del municipio de León, pero sus parientes fueron acusados en un juzgado de Managua, explican los recurrentes en sus escritos.

Los familiares de quienes están presos por los hechos de violencia en Chichigalpa y Mina El Limón reclaman que sus parientes están incomunicados y que en las audiencias preliminares para ambas acusaciones les fueron impuestos defensores públicos.

María Peña Chávez, madre de María Lisseth Molina Peña, detenida por las protestas en Chichigalpa, con el acta en mano de la audiencia preliminar realizada este domingo reciente en los Juzgados de Managua, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lo que considera abusos y arbitrariedades del sistema judicial en contra de los detenidos.

Supuesta violación a derechos civiles

QUEJAS• Jairo Gaitán, abogado de Ramón Useda, uno de los detenidos por los hechos violentos en la Mina El Limón, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que las autoridades judiciales y la Fiscalía han violado los procedimientos legales y los derechos humanos de su cliente y del resto de procesados, al realizar a escondidas la audiencia preliminar el pasado domingo en la capital.

El abogado señaló que a los defendidos les violentaron el derecho a tener una defensa técnica en la audiencia preliminar y a tener entrevistas con sus defensores. Así mismo, recordó que les violaron el derecho a ser juzgados en su jurisdicción, es decir, en León.

Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Cenidh, condenó la muerte del oficial Kevin Valle y el abuso sexual del que fue víctima una policía, pero exhortó a las autoridades correspondientes a demostrar con pruebas ambos hechos.

En tanto, familiares de los detenidos denunciaron ante el Cenidh que no han podido ver a sus parientes en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía.

 

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