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Los ocho miembros de la secta Cuerpo Místico de Cristo, que están acusados de construcción en lugares prohibidos y abandono de personas, fueron enviados ayer a prisión preventiva por el juez Quinto Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias.

La secta tiene hacinadas a unas 600 personas en un campamento de Mechapa, jurisdicción de El Viejo, Chinandega, bajo la promesa de que están esperando el rapto divino.

Un noveno acusado y quien permanece prófugo de la justicia es el nicaragüense Jerson López, para quien existe una orden de captura.

Perseguibles de oficio

Antes de aceptar la acusación fiscal y dictar la prisión preventiva para los acusados, el juez Arias rechazó un incidente de falta de legitimidad presentado por el abogado Isaac Flores.

El litigante, que estuvo en desacuerdo con la decisión del judicial, alegó en su incidente que la acusación fiscal no estaba respaldada por la denuncia de los padres o tutores de los niños víctimas.

Sin embargo, el juez Arias aclara en su resolución que los ilícitos de abandono de persona y construcción en lugares prohibidos son delitos de orden público y que por ello la Fiscalía los puede perseguir de oficio.

Arias señaló que solo en los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad es que el Ministerio Público requiere que los padres de familia o tutor del menor víctima presente denuncia.

Interés en Niños

Al dictar la prisión preventiva para los ochos reos, el juez Arias justificó su decisión diciendo que la acusación fiscal refiere a hechos graves  y que la mayoría de los afectados son menores de edad.

“Este es un hecho grave donde han sido afectados una multiplicidad de personas, principalmente niños”, subrayó el juez Arias, agregando que si imponía a los acusados una medida cautelar a la prisión preventiva, estos podrían obstruir la averiguación de la verdad.

El judicial también refirió que de acuerdo con la acusación fiscal, los acusados pusieron en riesgo la salud y la vida de 311 niños al impedir que recibieran atención médica en el campamento donde permanecen hacinados.

En su resolución, el juez también manifiesta que el Estado de Nicaragua, a través de sus funcionarios, está en la obligación de garantizar la protección del interés superior del niño y la niña.

Otra razón que tuvo el juez para no otorgar el arresto domiciliar solicitado por los tres abogados defensores, es que solo uno de los ocho reos tiene arraigo (domicilio) en Nicaragua.

Ante los cuestionamientos de los abogados defensores de que la acusación del Ministerio Público no cumple con los requisitos de ley y por esa razón debía ser rechazada, el juez respondió que no basta con enunciarlo, sino que se debe señalar y probarlo.

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