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Las ocho personas detenidas y una prófuga, que pertenecen a la secta religiosa denominada El Cuerpo Místico de Cristo, enfrentarán un juicio el próximo 10 de diciembre, según decidió ayer el juez Julio César Áreas, del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien además les confirmó prisión preventiva.

Los miembros de la secta religiosa fueron detenidos el pasado 2 de octubre tras ser acusados por los delitos de construcción en lugares prohibidos y abandono de personas.

Los acusados son: Francisco Javier Sánchez, Samuel Funes, Carlos Antunes, Elvin Aguilar, Orlando Funes, Héctor Funes, Iván Orellana, además el guatemalteco Jerson López y el hondureño prófugo Gerald Pozo.

Entre los nueve acusados por el Ministerio Público figuran dos nicaragüenses, cinco  hondureños, un guatemalteco y un salvadoreño.

Según investigaciones policiales, decenas de familias humildes de Nicaragua y de los otros países centroamericanos fueron convencidas de vender sus bienes y propiedades y entregar el dinero obtenido a sus líderes y de emprender un éxodo familiar a una comunidad del municipio de El Viejo en Chinandega, para esperar allí el rapto divino en un campamento al aire libre.

Fiscalía con pruebas

La fiscal Inés Miranda aseveró tener las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de los procesados, entre ellas destacó la ocupación de tarjetas de crédito, reportes de cuentas bancarias, testimonios de oficiales de la Policía, evidencias gráficas de las condiciones en que estaban los menores y los reportes de las instituciones estatales que hicieron presencia en el lugar, como el Ministerio de la  Familia y el Ministerio de Salud.

El abogado Isaac Flores, defensor de cinco de los procesados, consideró que las pruebas señaladas por la Fiscalía son inútiles y no prueban el delito que achacan a sus defendidos. 

“Esas pruebas no demuestran el abandono de los menores y ahora ya los niños no están en el campamento, tampoco las personas mayores”, alegó Flores, quien solicitó la medida preventiva de prisión domiciliaria para los procesados, pero le fue negada por el judicial.

A la audiencia inicial se presentó el abogado Guiller Chávez, representante legal de 30 víctimas, para decir que sus defendidos no se sentían ofendidos por los hechos que les imputan a los procesados, por lo que no continuarían con el proceso judicial.

Entre las 600 personas que permanecían hacinadas en el campamento, levantado por los líderes de la secta en una comunidad del Occidente del país, están  330 menores, entre ellos varios niños de brazos.

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