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La violencia contra las mujeres continúa en aumento. Según organizaciones feministas en lo que va del año, 51 mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas o exparejas, una cifra que provoca alarma y por la cual han demandado a las autoridades del Gobierno mayor beligerancia en la aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779).

“El tema de los feminicidios para nosotros este año ha sido con mucha misoginia, con mucho odio, lo cual nosotros condenamos. Hasta el día de hoy van 51 casos de feminicidios a nivel nacional, principalmente con armas blancas”, manifestó Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Ayer centenares de mujeres marcharon sobre algunas de las principales vías de Managua para conmemorar el Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres. En la caminata participaron cerca de 40 organizaciones feministas, provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

“Con esta actividad estamos reafirmando nuestro compromiso de luchar por los derechos humanos, una vez más decimos no más feminicidios, no a la penalización del aborto”, agregó Rodríguez.

LAS DEMANDAS

La marcha de las organizaciones feministas tuvo como punto de partida los semáforos del antiguo hospital militar, recorrieron la avenida de Bolívar a Chávez y finalizaron frente a la Asamblea Nacional en donde leyeron un pronunciamiento en el que demandan frenar la violencia contra las mujeres, una mayor claridad con respecto a las estadísticas disponibles sobre este flagelo y el respeto integral a los derechos de las mujeres del país.

“Estamos indignadas frente a los evidentes retrocesos por parte de las instituciones públicas responsables de la prevención de la violencia y de la sanción a los agresores”, dijo Mirna Blandón integrante de la Red de Mujeres.

Según la dirigente gremial entre los factores que ratifican este retroceso destacan la reglamentación de la Ley 779, el cual mediante una reforma estableció la posibilidad de que pueda darse mediación entre agresor y víctima cuando sean delitos menores o el victimario no posea antecedentes penales.

Así mismo las organizaciones feministas solicitaron al Estado acciones más sólidas cuando sean casos de abusos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes.

 

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