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Guillermo Espinoza, de 60 años, era mecánico en una embarcación estadounidense hasta que las autoridades encontraron rastros de drogas en el barco. Acusaron a todos los que estaban dentro y —según el testimonio de su hermana, Nubia Espinoza— fueron condenados a siete años de prisión.

“Cuando lo deportaron ya había cumplido su condena, de lo contrario no lo hubiesen mandado a Nicaragua hasta que no hubiese pagado por lo que hizo en Estados Unidos”, alegó Espinoza.

La mañana de ayer, familiares de siete de los 21 detenidos se apostaron en la entrada de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para exigirles a las autoridades una explicación del porqué los apresaron cuando regresaron a Nicaragua, el pasado miércoles dos de diciembre.

Carlos Guadamuz, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), consideró que la Policía ha violado sus derechos humanos al tenerlos detenidos ilegalmente y al impedir que sean vistos por sus familiares.

Delitos menores

De acuerdo con testimonios de los familiares recogidos por el Cenidh, los ciudadanos cometieron delitos en Estados Unidos, entre ellos consumo de droga y violencia doméstica, pero cumplieron con la condena impuesta por la justicia estadounidense.

“Verificamos en el sistema de la Policía Nacional si actualmente están acusados por algún delito y no existe ninguna acusación, al menos no la tienen seis de las personas que presentaron el recurso de exhibición. El sistema tampoco arroja que hayan sido acusados en el pasado por otro delito”, explicó Guadamuz.

El comisionado César Cuadra, segundo jefe de relaciones públicas de la Policía Nacional, señaló vía telefónica que no tiene conocimiento del caso, por lo que se negó a brindar declaraciones.

Según una publicación de El 19 Digital, el dos de diciembre 81 nicas fueron deportados de Estados Unidos, entre ellos 20 que cometieron “delitos graves”.

 

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