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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, manifestó ayer que los magistrados de este poder del Estado aún están analizando la necesidad de que se amplíe el periodo de investigación de la Policía Nacional antes de que un acusado sea puesto a la orden del juez. 

“Lo único que hemos hablado pero aún no se decide es que en casos complejos que tienen que ver con el tráfico de drogas y crimen organizado, después de poner al sospechoso a la orden del juez en las 48 horas que manda la Constitución Política, el fiscal podrá pedir al juez que le amplíe el término para la investigación”, explicó Ramos.

La magistrada declaró que dicha investigación estaría bajo la fiscalización de un juez de audiencia, que en todos los países “es un  juez de garantías y certificará que la investigación cumpla con el debido proceso”.

“Estamos claros que las 48 horas están en la Constitución Política y se tienen que cumplir, de hecho se cumplen en todos los casos, aunque muchos digan que no. Desde que alguien se pone a la orden del juez se cumple la ley”, agregó.

De llegar a concretar, estos cambios se sumarían a una serie de iniciativas de reformas al Código Procesal Penal propuestas por la CSJ en enero de este año ante la Asamblea Nacional.

El artículo 33 de la Constitución Política establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de libertad, salvo por un procedimiento legal, y fija un plazo de 48 horas para presentarlo ante el juez.

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