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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoció ayer la soberanía de 2.5 kilómetros cuadrados de humedales a Costa Rica sobre el extremo norte de Harbour Head o isla Calero, y mandó a Nicaragua a indemnizar al país vecino por los daños causados.

El tribunal internacional determinó además que la laguna de Harbour Head, la desembocadura del río San Juan y la barra de arena, son territorio nicaragüense.

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Entre varios de los aspectos abordados en la CIJ, Nicaragua destacó que se haya “reconocido el derecho pleno de nuestro país para realizar labores de dragado en nuestro río San Juan”, manifestó la primera dama Rosario Murillo.

Pretensiones ticas

Al reconocer la CIJ que la laguna de Harbour Head le pertenece a Nicaragua y que el punto de delimitación con Costa Rica es Punta Castilla, Costa Rica no puede pretender una mejor proyección de su línea marítima en el mar Caribe, explicó el experto en Derecho Internacional, Mauricio Herdocia.

“La Corte reafirmó que el punto de partida es la extremidad de Punta de Castilla, por tanto lo que estaba detrás de Harbour Head, ganar más proyección de su línea marítima, no se cumple, Costa Rica no logrará mayor proyección en el espacio marítimo en el Caribe”, aseguró Herdocia.

El exagente de Nicaragua en La Haya afirmó que ahora el país vecino no puede pretender más de lo establecido en el Tratado Fernández-Facio, firmado en 1977 entre Colombia y Costa Rica.

“Costa Rica ya no puede pretender más de lo que estableció en ese tratado, y Nicaragua en cambio tiene toda la proyección de sus costas y de sus accidentes insulares”, apuntó Herdocia, a la vez que explicó que el territorio concedido por la Corte a Costa Rica es de 2.5 kilómetros cuadrados, mientras que el punto medular era una inmensa proyección de espacio marítimo que podía cambiar dependiendo de dónde iniciaba la frontera entre los dos países.

Indemnización

La CIJ estableció que Nicaragua debe pagarle a Costa Rica por la violación a su soberanía territorial.

“Las partes deben establecer una negociación, si no pueden encontrar un acuerdo en el plazo de 12 meses a partir de la lectura de esta sentencia, a solicitud de las partes se procederá a decidir el monto de la compensación por parte de la Corte”, señaló el presidente del Tribunal, Ronny Abraham.

El canciller de Costa Rica, Manuel González, también insistió en que ahora Costa Rica y Nicaragua deben buscar el espacio diplomático adecuado para negociar la indemnización que el Gobierno de Managua debe pagar por el daño causado al ecosistema de Calero.

“Sí hubo daño”

El científico Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para asuntos ambientales, explicó que anteriormente el Gobierno le encargó un diagnóstico en el que se documentó la cantidad de sedimentos y afectaciones recibidas tras la construcción de la carretera tica. 

  • Dicho informe fue presentado ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en 2012 y sirvió como prueba para que posteriormente el tribunal regional condenara a Costa Rica por los daños. 

En aquel entonces, la CCJ dijo que el gobierno tico “actuó de forma apresurada, inconsulta, unilateral e inapropiada y violentó compromisos internacionales como el Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central”.

Ayer, la CIJ consideró también que se debió estudiar los daños previsibles y ofrecer medidas de mitigación al ecosistema. Sin embargo, se determinó que el daño por el incremento de sedimentación del río San Juan no supera el 2% tras el inicio de la construcción de la carretera, por lo que según los jueces de La Haya, “no hubo daños importantes”.

La falla estuvo en que esa sentencia no se hizo llegar a nuestro representante en La Haya. Para nosotros fue una sorpresa saber que no se aprobaron pruebas de parte de Nicaragua”, expresó Incer. 

El ambientalista Kamilo Lara también se mostró sorprendido por la sentencia y, al igual que Incer Barquero, expuso que desconoce las razones por las que la defensa nicaragüense en La Haya no fortaleció el argumento sobre los daños ambientales causados por la trocha 1856.

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