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Organizaciones que defienden los derechos de la niñez solicitarán en 2016, tanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como a la Asamblea Nacional, que se cree  una nueva legislación que sancione las agresiones de adultos a niños y adolescentes. 

Martha Toruño, procuradora especial para la niñez y la adolescencia, aseguró que esta iniciativa ya fue presentada en la CSJ. 

“Nosotros proponemos la penalización de los abusos, y el daño físico y psicológico a los niños y adolescentes. Aparte que exista una normativa para las agresiones entre adultos, proponíamos una penalización particular para este tipo de casos. Lamentablemente no surtió efecto. Creo que podemos insistir en esa línea este año que viene porque es necesario”, indicó Toruño. 

A su juicio, es necesario que se haga esta salvedad en la legislación pues cuando un adulto agrede a un niño, este último se encuentra en desventaja. “No puede tratarse como si estuvieran peleando dos adultos”, alegó la funcionaria.

Asimismo, dijo que seguirán trabajando de cerca con la Asamblea Nacional y las instituciones que están relacionadas con los derechos de la niñez en torno a este tema. 

El Gobierno tiene buenas intenciones en el tema de prevención, pero creo que hace falta mucho en la aplicación de las leyes”. Juana Mercedes Delgado, coordinadora de protección especial de Save the Children.

Entre los casos que más controversia causaron en el año, está la denuncia pública por maltrato escolar en el kínder Jardín de María Montessori, una investigación por maltrato de parte de un maestro a un alumno en el Instituto Pedagógico La Salle y el asesinato de un estudiante a la salida del colegio Enmanuel Mongalo y Rubio. 

Campaña de prevención

Después del asesinato de Nelson Alexander Murillo Matute, de 19 años, estudiante del colegio Enmanuel Mongalo y Rubio, el Gobierno lanzó una campaña interinstitucional contra el ‘bullying’ o acoso escolar. 

Esta medida, destacó Juana Mercedes Delgado, coordinadora de protección especial de Save the Children, ha permitido una mejor articulación de las instituciones involucradas como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación (Mined) y la comunidad estudiantil. 

“Desde allí se hace una buena labor preventiva. Sin embargo, creo que a nivel legal falta mucha mano dura para que haya un precedente positivo”, expresó Delgado. 

Ejemplo de esas fallas de aplicación para la especialista de Save the Children, fue la forma en la que se manejó el caso de maltrato escolar del kínder Jardín de María Montessori, donde Nelly Márquez de Alonso resultó culpable por lesiones leves, pero no recibió sanción después del juicio. 

Tras la primera investigación realizada por el Mined y otras instituciones, se mandó el cierre del centro educativo, pero al poco tiempo este fue reabierto. 

“Pienso que debieron tomarse otras medidas más institucionales. Es un caso complicado. La señora es mayor para encarcelarla y los padres pidieron que no se cerrara el centro, pero se pudo desde el Mined y el Ministerio de la Familia tomar medidas administrativas más contundentes”, explicó Delgado. 

Otra tarea pendiente en este tema, según la experta, es el fortalecimiento de la  coordinación interinstitucional en las comunidades, principalmente aquellas que por estar alejadas no cuentan con presencia de todos los actores necesarios para garantizar el respeto de los derechos de los niños. 

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