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La destrucción de las selvas y entornos naturales avanzan sin freno en las 74 reservas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap). Los bosques convertidos en pastizales, terrenos agrícolas o madera procesada, reflejan la vulnerabilidad en que se encuentran estos lugares, a pesar de que existe un marco jurídico que los ampara.

El ambientalista y asesor presidencial, Jaime Incer Barquero, expuso que “las reservas protegidas no están realmente protegidas por el Estado”, pues se siguen otorgando permisos para la extracción de madera. El ejemplo más dramático que viven los santuarios ambientales es la Reserva de Biosfera Bosawas, donde, según cálculo de organizaciones, más de 42,000 hectáreas de bosques se pierden cada año.

“Se están irrespetando las leyes cuando existe una normativa que declara las zonas como áreas protegidas. Todo esto tiene una motivación, unos se meten por necesidad, (otros) para robarse los recursos o porque no saben que son áreas protegidas”, comentó Incer Barquero.

Ante una amenaza inminente que se ciñe cada año, en estas áreas surgen más desafíos por conservarlas y lograr que no pierdan la condición de templos ambientales, en los cuales se alberga una amplia variedad de flora y fauna.

El Sinap está compuesto por 74 áreas protegidas, de las cuales 66 son terrestres y ocho marino-costeras, con una superficie total de 2,330,783 hectáreas. Además de 63 reservas silvestres privadas que abarcan 9,879.23 hectáreas, para un total 2,340,617.23 hectáreas, lo que equivale al 18% del territorio nacional.

PRESUPUESTO 2015

Para este año, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) cuenta con un presupuesto de C$319,080,509, lo que significa C$26,089,491 menos, si se compara con lo presupuestado en el año 2015, cuando recibió C$345,170,000, según se reflejan los libros de presupuestos disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Marena destinó este año C$113,320,028 para el programa de “servicio de conservación, manejo y normación de áreas protegidas, biodiversidad y recursos naturales". Este acápite contempla planes de protección, mapas de áreas y autorización para desarrollar investigaciones científicas.

El presupuesto cuenta también con el programa “Implementación de la desconcentración de la gestión ambiental”, cuyo capital es de C$39,514,114 y en el cual se describen patrullajes terrestres y acuáticos dentro de las reservas protegidas.

“Garantiza control de las reservas naturales, regulación y control del tráfico ilegal de flora y fauna en áreas protegidas”, reza el documento.

DEBILIDADES

La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, creada para establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración, debería ser aplicada con beligerancia por las autoridades nicaragüenses, según Francisco Espinoza, coordinador de proyectos de la organización Misión Bosawas.

Ese es el gran desafío que enfrentan las áreas protegidas de Nicaragua.

Además, según los ambientalistas, se debe cambiar el valor económico que actualmente tienen los bosques, al ser convertidos en zonas agrícolas, por una actividad que promueva la conservación: el turismo.

“El turismo debe ser el objetivo final de todos los sectores”, consideró Espinoza, al tiempo que mencionó que las debilidades que encuentran en la conservación de los bosques es la entrega ilegal de títulos de propiedad en zonas protegidas y la emisión de permisos para botar árboles.

La vigilancia de parte de guardaparques en las áreas protegidas es muy débil o nula, lo que facilita la operación de los depredadores.

 

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