Matilde Córdoba
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La dependencia económica es un gran obstáculo para las mujeres víctimas de violencia que quieren hacer una denuncia, revela el estudio “Buscando justicia: Violencia de género y el Sistema  legal en Nicaragua”, realizado por Pamela Neumann.

Neumann, candidata a doctorado en Sociología en la Universidad de Texas, Estados Unidos, ahondó sobre las prácticas institucionales que contribuyen a que las mujeres desistan cuando realizan una denuncia y analizó las actitudes de las mujeres hacia el sistema legal. 

“La demora en las instituciones y el tiempo que requiere seguir un caso es tan demandante, que mujeres que tienen trabajo estable a veces dejan su caso para no perder su puesto o siguen el caso, pero pierden ese trabajo y terminan en una situación más vulnerable”, explicó la investigadora.

Los resultados del estudio fueron presentados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). Este fue realizado entre junio de 2012 y diciembre de 2014. Se realizaron entrevistas a 38 mujeres de cinco departamentos y una sistematización de las denuncias y peritajes forenses antes y después de la Ley 779, o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. 

“Si una mujer ya estaba en una situación de alta dependencia económica, es probable que decida optar por la pensión alimenticia en vez de una denuncia por violencia, porque si el hombre va a la cárcel, esto afectaría la economía de su hogar y la provisión para sus hijos”, explicó Neumann.

Muchas de las mujeres objeto de estudio “optaron por esta ruta y ni recibieron la pensión, porque el hombre encontró una forma de evitar el pago. Entonces la dependencia económica es un gran obstáculo para las mujeres víctimas de violencia que quieren hacer una denuncia”, concluyó la investigadora.

Los hallazgos indican que las mujeres llegan en desventaja tanto económica como en términos de conocimiento institucional. 

“Muchas de las mujeres en mi estudio no conocían sus derechos según la Ley 779, ni mucho menos los procedimientos de la comisaría, el Instituto de Medicina Legal o la Fiscalía. Las excepciones fueron cuando la mujer ya había recibido asesoría por parte de una abogada o un centro de mujeres que le había ofrecido apoyo legal, psicológico y emocional”, agregó la investigadora.

Limitantes

La falta de fondos destinados a las instituciones que interfieren en este proceso es otro de los problemas. 

“Significa que no hay suficientes investigadoras ni fiscales para atender todos los casos con eficiencia. Además, una gran limitante es el horario de la Fiscalía, que no atiende después de la 1:00 p.m. Por ejemplo, las mujeres llegan hasta tres horas antes de que abra la Fiscalía con la esperanza de ser atendidas”.

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