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Aunque hay aspectos por mejorar en el Registro de la Propiedad, uno de los avances señalados en un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que será presentado hoy, es el incremento de inscripción de propiedades desde 2010.

De 2014 a 2015 aumentaron las inscripciones, particularmente en Managua, Chinandega, Masaya, Granada, Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega, varios de ellos afectados por las reformas agrarias de hace décadas. Solo el año pasado se registraron 113,433 inscripciones. 

“Se ha agilizado bastante el mercado de propiedades. Prácticamente en todo el país, el número de transacciones de registro se aumenta. Y eso, evidentemente, en un esquema donde tenés derechos de propiedad, necesariamente genera algún grado de conflictos y eso te lleva a mayor número de causas en el sistema judicial”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del Funides. 

La información detallada sobre el tema de propiedad está incluida en el “II Informe de Institucionalidad Económica: Derechos de propiedad y Seguridad jurídica”, que será presentado hoy por el Funides ante representantes de diferentes sectores del país, entre ellos la Corte Suprema de Justicia y el Registro de la Propiedad de Managua.

Nicaragua (3,920 casos), dijo Chamorro, recibe casi cuatro veces más casos que Costa Rica (1,246 casos) sobre propiedades en conflicto. 

Tiempo se reduce 

“En Managua, en el año 2011 hubo realmente un esfuerzo fuerte de dictar sentencia o mandar a archivar los casos y darlos por terminado”, explicó. 

Otro punto positivo que encontró Funides, es la reducción del tiempo promedio para inscribir una propiedad. Hace dos años, cuando se realizó la primera edición del estudio, se estimaba el período para este trámite en 102 días para el modo regular y 31 en el caso de los procesos agilizados. Actualmente se ha reducido a 43 y 12 respectivamente. 

El estudio también destaca como positivo que desde 2010 se ha realizado auditorías internas en 13 de los 17 registros del país, que hasta octubre del 2015 dieron lugar a destituciones, remociones y traslados de 60 funcionarios, incluyendo registradores, auxiliares y técnicos registrales.

No obstante, según el reporte de Doing Bussiness 2016, Nicaragua es el país de la región donde un proceso judicial en materia de propiedad en primera instancia toma más tiempo, con una duración de tres años o más.

Retención de documentos 

El estudio también incluye una encuesta sobre el tema de propiedad, elaborada entre empresarios, y una de sus revelaciones es que el 96% de los notarios del país aseguran que al menos en una ocasión un funcionario del Registro Público les ha retenido un documento a la hora de inscribir una propiedad. Según los consultados en el estudio, en el 57% de los casos esta decisión no está apegada a derecho. 

Juan Sebastián Chamorro señaló que en esos casos hay “una responsabilidad compartida tanto de quien entrega el trámite como de quien lo recibe”, es decir, que el notario debe cumplir con los requisitos establecidos y el funcionario apegarse a la ley y no tomar una decisión de forma discrecional.

Sin embargo, de acuerdo al informe de este centro de pensamiento, “la CSJ indica que en parte las retenciones se deben a debilidades de los notarios”.

Funides consultó a 105 abogados del país para fundamentar el estudio.

Según Chamorro, parte del problema se debe a que la entrada en vigencia de la Ley General de los Registros Públicos (Ley 698), aprobada en 2009 y reglamentada en 2013, “supuso ajustes en cuanto a qué es inscribible o no, lo cual supone una curva de aprendizaje con implicaciones para la agilidad”.

No obstante, Funides reconoce que en el caso del Registro de Managua se han hecho esfuerzos por reducir el número de retenciones, aunque no cuantificó los resultados.

Más respeto a la propiedad

Percepción. La encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) entre 105 abogados, para el II Informe de Institucionalidad Económica: Derechos de propiedad y Seguridad jurídica, muestra una ligera mejoría en la percepción del respeto al derecho de la propiedad en el país. 

“Se movió ligeramente de desfavorable a ambivalente. Si bien es cierto, la mayoría de ellos creen que es desfavorable, sí mejoró un poco”, indicó el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro.

Según el informe último, cuando se les preguntó si las decisiones judiciales son apegadas al derecho, 22% indicó que en la mayoría de las ocasiones se respeta la ley en estos casos, y esto representa un 15% más que en 2013.

 

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