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Como resultado de las 1,573 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) en 2015, se encontró un "perjuicio económico al Estado" por 124 millones de córdobas, informó ayer el contralor general de la República, Luis Ágel Montenegro, luego de entregar el Informe de Gestión Anual 2015 al parlamento.

Según el contralor general, por esta razón se sancionaron a más de 400 funcionarios, quienes utilizaron recursos del Estado para “asuntos personales”. 

El año pasado, la CGR informó a la Asamblea Nacional que en 2014 el Estado de Nicaragua sufrió un daño patrimonial de C$40.3 millones entre casos de responsabilidad penal, civil y gastos sin justificación.

En esa ocasión, Montenegro precisó que se estableció presunciones de responsabilidad penal por C$25.5 millones a 74 funcionarios; mientras que 66 trabajadores estatales estuvieron envueltos en casos de responsabilidad civil por un monto de C$5.7  millones y se descubrió gastos públicos sin justificación por un monto de C$9.1 millones. 

Límites 

Quiero aclarar que nosotros no podemos sentar al banquillo a ningún servidor público”. Luis Ángel Montenegro

Montenegro dijo que esta vez se determinaron 439 responsabilidades administrativas, 97 responsabilidades civiles y 50 de presunción de responsabilidad penal, esto en 36 entidades públicas correspondiendo a 19 instituciones y 17 municipalidades.

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“Quiero aclarar que nosotros no podemos sentar al banquillo de los acusados a ningún servidor público, ya que nuestro trabajo es presentar las pruebas a las autoridades encargadas. Una vez nosotros terminamos los casos pasan a la Fiscalía para que vea si hay daños al patrimonio del Estado”, aseveró el contralor.

Los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) cuestionaron a Montenegro por “no hacer nada contra los actos de corrupción”.

“La Contraloría tiene el rol de fiscalizar los recursos del Estado y determinar el daño al Estado, no podemos enjuiciar a alguien”, contestó el contralor general a las quejas.

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