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Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, este último fugitivo, fueron declarados culpables por los delitos de estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento de crédito en contra de 17 personas, entre naturales y jurídicas.

La sentencia fue leída por el juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Octavio Rothschuh, tras una sesión maratónica que finalizó la noche del miércoles y en la que previamente el judicial había escuchado los alegatos finales de la Fiscalía, víctimas, abogados defensores y los mismos acusados.

Alegatos finales

En este último día de juicio Juan Francisco Mendieta, abogado de cinco de las víctimas, reiteró que a sus representados nunca les dijeron que su dinero iba a ser invertido en las empresas de los acusados y que existía el riesgo de que lo perdieran.

Según Mendieta, los acusados no pudieron demostrar en qué invirtieron el dinero. En tanto, Douglas Rodríguez, representante legal de tres de las víctimas, agregó que los acusados percibieron US$6.9 millones pero solo demostraron con documentos la ubicación de US$400,000. “¿Dónde está el dinero restante?”, cuestionó Rodríguez.

Las víctimas compraron certificados emitidos por la empresa International Investment and Financial Services, fundada por Bendaña y Montealegre a cambio de intereses de 7% y 9%, dependiendo del caso.

La defensa de Hugo Paguaga aseguró que su cliente nunca engañó ni estafó a las supuestas víctimas, ya que les explicó en detalle en qué consistía el negocio. Dijo que se les explicó en qué iba a ser usado su dinero y que los certificados de inversión no eran títulos de valores.

César Guerrero, la defensa de Montealegre, aseguró que su cliente no engañó a las víctimas, ya que estas firmaron un contrato en el que estaban claros los riesgos.

En ese sentido, cuestionó que los afectados ahora estén diciendo que no sabían de las operaciones comerciales y del convenio con International Investment cuando algunos de ellos son reconocidos economistas y administradores.

La defensa de Roberto Bendaña, quien huyó hacia Estados Unidos, señaló que en el juicio no se acreditó que su defendido fuera dueño o socio de International Investment y que este solo fue dignatario, es decir que se le otorgó un cargo administrativo entre el 12 de junio  y el 11 de agosto de 2009.

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