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Los culpables por los delitos de estafa agravada, crimen organizado y ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito, Hugo Paguaga, Álvaro Montealegre y Roberto Bendaña (prófugo de la justicia) podrían enfrentar penas máximas de 15 años de cárcel si el juez Octavio Rothschuh da a lugar la solicitud hecha por la Fiscalía y los representantes legales de las 17 víctimas, quienes podrían percibir aproximadamente nueve millones de dólares que representa la inversión que realizaron más los intereses devengados hasta la fecha.

La pena máxima para el delito de crimen organizado es de 7 años y la mínima es de 5; por estafa agravada es de 6 y 3 años, respectivamente, y por ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito de 2 y 6 meses. Los abogados defensores de los acusados solicitaron al judicial las penas mínimas para sus clientes, que equivalen a 8 años y seis meses.

Además, la Fiscalía solicitó multas de 500 días, que es la pena máxima y se calcula en base al salario mínimo del sector industrial que esté vigente en el momento que se emite la resolución judicial, la multa mínima es de 300 días.

¿Recuperarán dinero?

Juan Francisco Mendieta, abogado de seis de las víctimas, recordó que entre los 17 afectados invirtieron un total de 5.5 millones de dólares en la empresa International Investment and Financial Services, fundada por los condenados, y que ahora podrían recibir aproximadamente nueve millones de dólares teniendo en cuenta los intereses que han ganado hasta la fecha.

En el debate de pena la Fiscalía solicitó al juez que se ejecute un decomiso de las propiedades de los condenados que ya están intervenidas, con el fin de realizar una subasta y así de lo obtenido se pague a las víctimas.

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“Se espera que el día de la sentencia él (Rothschuh) se pronuncie al respecto, pero realmente lo que manejamos como abogados es que hasta que haya una sentencia firme es que se puede proceder contra los bienes; tendríamos que esperar hasta que termine la casación o al menos que el judicial tome otro criterio al respecto y ordene inmediatamente el decomiso”, explicó Mendieta.

En caso de apelación

La defensora pública asignada a Bendaña, Regina Thomsom, dijo que lo más lógico es apelar en el TAM el fallo de culpabilidad contra los condenados. Detalló que en su caso, tiene que consultar a su cliente si este desea que lo siga representando o si buscará otra defensa.

Sobre la recuperación del dinero por parte de las víctimas Thomsom dijo que “hasta que quede todo firme es que podrían, tal vez, proceder (al decomiso y subasta de bienes de los condenados)… hay muchos escenarios aquí, por ejemplo si las defensas (de los condenados) no se opusieran a nada y la sentencia (de primera instancia) queda firme, entonces esas personas recuperarían su dinero rápidamente”.

El Nuevo Diario llamó a Johana Fonseca y Juan Manuel Guerrero, abogados defensores de Paguaga y Montealegre respectivamente, para consultarle su opinión sobre la resolución judicial y los siguientes pasos que darían, pero no contestaron sus teléfonos celulares.  

Víctimas quieren su dinero

“No se me escondan, quiero verlos por última vez, Álvaro, ladrón que me truncaste toda una vida de trabajo, estos tres años (últimos) de mi vida han sido los peores de mi vida, este es mi trauma sin poderme defender, sin poder luchar por un par de zánganos ladrones”, fueron las palabras que les dijo antenoche Alberto Evans, de 82 años, una de las víctimas.

Al igual que don Alberto, el resto de víctimas reprochó a Montealegre y a Paguaga lo que consideran una estafa y por las afectaciones a su salud en la culminación del juicio. Todos exigieron que les devuelvan el dinero y que el judicial los haga pagar con cárcel por el daño que hicieron.

  • Después del veredicto, el juez Octavio Rothschuh programó dictar sentencia el 16 de junio.

Las víctimas compraron certificados emitidos por la empresa fundada por los condenados, a cambio de intereses de 7% y 9%, dependiendo del caso, y perdieron en algunos casos ahorros de toda la vida. El caso data de 2013 y la mayoría dejó de recibir los intereses por sus depósitos en mayo de ese año ante una supuesta falta de liquidez de una de las empresas que recibía el capital de los afectados y que pertenecía a los ahora condenados.

Consideraciones del juez

Entre las consideraciones del judicial para declarar culpables a los acusados están: los certificados de inversión y los contratos realizados a nombre de la empresa International Investment and Financial Services no coinciden con el concepto de la  sociedad anónima  elaborada en Panamá y por ende en Nicaragua son ilegales, ilícitos e inexistentes; y que las víctimas no están mintiendo.

"Si he trabajado toda mi vida y he recogido determinado porcentaje de dinero, yo no lo voy a depositar, nadie los va a depositar o nadie los va a invertir si se les hubiesen dado las explicaciones necesarias", consideró el judicial. El juez Rothschuh leerá la condena que tendrán que enfrentar los culpables por este caso el próximo 16 de junio. Después de este momento los abogados defensores de los condenados tienen seis días hábiles para apelar el fallo de primera instancia ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).

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