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La unidad y la reivindicación de los derechos del pueblo indígena de Mozonte, un municipio de Nueva Segovia, está fundamentada en un documento histórico: un título real que data de 1773, que les otorga como propiedad comunal 97.47 de los 242 kilómetros cuadrados de esa localidad.

El histórico documento está inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Nueva Segovia, bajo el número registral 3,899, folio 166-219, tomo LX.

Pero el aprovechamiento de la tierra para los indígenas nunca ha sido absoluto.

“Se cumple lo que monseñor (Nicolás Antonio) Madrigal nos decía en sus sermones: que con el tiempo Mozonte iba a quedar en manos de los ricos”, expresó a manera de reclamo Cornelio Pastrana, un indígena de 77 años.

Las tierras comunales han quedado divididas: unas bajo posesión de familias indígenas y otras en manos de arrendatarios. Incluso, una gran cantidad de hectáreas están bajo administración de la Alcaldía.

Tampoco ha pasado por aquí el barrido catastral. El aborigen que desea medir su propiedad o mapearla debe pagar los servicios.

“Tenemos el título real. Ninguna propiedad (en manos de indígenas o arrendatarios) se puede sacar del título porque no se puede desmembrar”, razona tajante Ubence López López, presidente de la junta directiva del pueblo.

Traspasos

El dirigente sostuvo que los gobiernos indígenas anteriores vendieron sus derechos, “algunos las conservan, otros las (re)vendieron. Ya son otros dueños en arrendamiento, quienes a la vez han vendido a otros, utilizando escrituras privadas”, señaló López López.

Según él, quien vende debe pagar a la administración indígena el 5% por el impuesto sobre el valor de la propiedad, pero hay vendedores y compradores de tierras que no pasan por las oficinas del Gobierno comunal para realizar los registros. Cuando la propiedad pasa de manos de un indígena a un particular se convierte la tenencia en un arrendamiento, pero hay muchos compradores y notarios que no respetan el procedimiento legal.

“Se van donde un abogado, hacen un documento privado, viene otro y compra y hace sus mejoras, vuelve a vender con otro documento, y no pasan por las oficinas del pueblo indígena, por desconocimiento y para evadir el pago de los impuestos”, explicó el directivo indígena.

Agregó que no se tiene cuantificada la suma de impuestos o canon por cobrar a particulares que hayan comprado a indígenas.

“Pero es considerable la cantidad que se deja de recaudar porque depende del tamaño de la propiedad que ha adquirido. Las tierras de Mozonte se han vuelto caras”, indicó.

Coordinación 

Dijo que van a solicitarle al Registro de la Propiedad de Nueva Segovia una lista de arrendatarios en Mozonte y una coordinación con las demás autoridades, para iniciar una gestión legal para el ordenamiento del territorio y para el cobro del canon. 

“Son recursos que la comunidad necesita para mejorar los servicios y para ayudar a los mismos indígenas”, aseguró.

López López indicó que todavía existen muchos notarios que ignoran el marco jurídico por el que se rigen los pueblos indígenas. No llegan a las oficinas de la administración comunitaria porque aducen que los terrenos que se adquieren en algún momento son despojados a los originarios.

“En el documento de adjudicación rechazan una cláusula, por ejemplo, de que el arrendamiento es a un plazo de diez años. Pero no, vienen a pagar el canon y se les renueva el derecho de tenerla. Lo que queremos es que la tengan registrada en el pueblo indígena”, aclaró.

Expuso que ha habido casos en que poseedores de propiedades no indígenas han optado por devolver el terreno a la comunidad, porque han pasado hasta 40 años sin pagar el canon o impuesto comunal y se acumula una suma muy alta.

“Y otros allí que tienen las tierras no las utilizan ni tampoco las están pagando. Cuando vienen acá (a las oficinas) optan por dejarla al pueblo indígena porque no pueden pagar la cantidad de dinero que deben”, reveló.

Soluciones

La autoridad comunal aseguró que la intención de su Gobierno es ordenar la propiedad en el marco legal del título real.

“Queremos saber quién es el verdadero usufructuario (el indígena) y quién es el arrendatario, para que estén registrados en nuestros libros. El pueblo indígena tiene la responsabilidad de protegerles sus derechos de posesión”, manifestó.

En el contrato de arrendamiento, la autoridad indígena incluye el cuido de los recursos naturales, prohíbir la tala de árboles y quemas agrícolas, evitar conflictos vecinales por límites de cercas o impedimentos de paso de servidumbre.

Expuso que se dan casos en que nuevos arrendatarios que llegan de otras zonas del país ignoran las costumbres y las leyes de los aborígenes, y cierran el paso de servidumbre: portillos o callejones que han sido caminos públicos desde tiempos antiguos.

“Se han dado algunos conflictos, pero se han resuelto bien. Tenemos documentos que dicen que esos pasos son de uso público”, recalcó.

Otro malestar que suscitan los arrendatarios entre las autoridades indígenas, es que botan el bosque (para cambio de uso de suelo), con lo que alteran la armonía social y ambiental de los habitantes originarios.

Pero destacó que existen arrendatarios, algunos de ellos extranjeros, que han logrado una relación armoniosa con los vecinos. 

Estos arrendatarios pagan sus impuestos, han hecho sus mejoras, dan empleo y hasta disponen de sus vehículos para un fin social, como por ejemplo, trasladar un enfermo a un centro asistencial.

“Entonces, los comunitarios agradecidos protegen esa propiedad, se la cuidan, porque ese arrendatario se ha portado bien con ellos”, ejemplificó.

Déficit de viviendas 

El problema es para el indígena que reside en el casco urbano de Mozonte. 

Las familias se reproducen, el pueblo crece, pero la municipalidad no dispone de terrenos para entregar solares y construir viviendas.

“Aquí sí necesitamos del apoyo público (del) Gobierno municipal y central para comprar terrenos. Pensamos hacer un proyecto social y presentarlo al Gobierno. Vamos a probar si eso se puede hacer”, finalizó el presidente de la junta directiva del pueblo indígena.

Derechos indígenas protegidos

LEYES • Los derechos humanos de los pueblos indígenas están protegidos por la Constitución Política de Nicaragua, que señala en el Artículo 5, párrafo tercero, que: “El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener las formas comunales de propiedad en sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el régimen de autonomía”.

Y a nivel internacional, Nicaragua es suscriptora del Convenio 169, “Sobre pueblos indígenas y tribales, 1989”, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, órgano de Naciones Unidas.

Respecto a la propiedad comunal, en su Artículo 17, Numeral 3, señala que: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

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