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En Nicaragua no existe una norma jurídica que regule el mal proceder de los médicos. Lo único con lo que se cuenta es con la Ley General de Colegiación y del Ejercicio Profesional, aprobada el 11 de Septiembre del 2007.

El tema, que ha cobrado importancia en el debate público tras la muerte de una joven a la que se le había practicado una liposucción, ha sido abordado ya por médicos del Ministerio de Salud (Minsa) que reconocieron la necesidad de actualizar los protocolos y límites de estos procedimientos. Sin embargo, en materia de legislación, todavía no se ha abordado una regulación.

De acuerdo con el exdiputado José Pallais Arana, el Ministerio de Salud (Minsa) es el órgano competente para establecer regulaciones en el ámbito médico, el Poder Ejecutivo para la creación de reglamentos y la Asamblea Nacional de crear leyes que coordinen el ejercicio de los profesionales de la medicina en el país.

HAY DISPOSICIÓN

La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo que si la llaman como institución para coordinar una normativa, con gusto lo hará, aunque todavía no se ha hecho ninguna solicitud.

Comentó también que en relación con el caso del cirujano plástico David Páramo, quien está siendo investigado por homicidio imprudente causado por negligencia médica, la única competencia que tiene la CSJ es procesarlo.

"Lo que tenemos que hacer en ese caso es seguir el proceso y el juez apegado a derecho debe resolver, si alguien está inconforme hay otras instancias como apelación y hasta casación", sostuvo Ramos.

Páramo le había practicado una liposucción y aumento de glúteos el 17 de junio a Lizandra Jarquín González, quien falleció luego de la intervención.

"Creo que sí es necesario establecer una ley que regule las malas prácticas y las responsabilidades de los médicos en general en Nicaragua, porque en otros países la hay", explicó Pallais.

En tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, Argentina Parajón, dijo que ellos no se involucran en las competencias del Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial en la elaboración de leyes y decretos. “Me imagino que el Ministerio de Salud debe estar pensando en una regulación”.

PIDEN GARANTÍAS

La Asociación Médica Nicaragüense realizó un pronunciamiento ante las situaciones que se están presentando con diversos médicos que están siendo procesados por delitos derivados de su ejercicio profesional. En el documento exigen que a los médicos procesados en los juzgados penales se les respeten los derechos y garantías constitucionales.

Por último hacen un llamado al gremio médico nacional a estar atentos al desarrollo de los procesos iniciados en contra de sus colegas, de la misma manera invitan a promover la unidad gremial, velando desde cada posición para que no se criminalice la profesión.

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